Redacción
Boca del Río, Ver. – Ana Karen Fernández Peguero, presidenta del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Boca del Río, ha sido señalada por presuntamente haber ocupado, de forma simultánea, un cargo en el Ayuntamiento panista de este municipio mientras encabezaba la organización del proceso electoral local.
De acuerdo con denuncias públicas y testimonios de actores políticos, Fernández Peguero habría recibido un salario como coordinadora municipal al mismo tiempo que ejercía funciones como autoridad electoral, lo que podría constituir una violación grave a los principios de imparcialidad, independencia y legalidad que rigen la función electoral, establecidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Denuncian sesgo en la organización del proceso electoral
Diversas voces de la oposición han denunciado un supuesto sesgo en la actuación de la funcionaria, al considerar que su cercanía con la administración municipal panista podría haber favorecido a la candidata del PAN a la alcaldía, María Josefina Gamboa Torales, conocida como Mari José Gamboa.
«Desde el inicio, el proceso estuvo comprometido. El papel de la presidenta del Consejo Municipal dejó de ser imparcial y generó condiciones inequitativas», señaló el abogado de una coalición opositora, quien adelantó que podrían solicitar la nulidad de la elección.
Posible causal de nulidad de la elección
Expertos en derecho electoral han advertido que la situación podría encuadrarse en lo establecido por el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que contempla la anulación de elecciones en caso de irregularidades graves, dolosas y determinantes para el resultado.
“El principio de certeza se ve comprometido si una autoridad electoral local forma parte, al mismo tiempo, del gobierno municipal del partido en el poder. Se trata de un hecho legalmente cuestionable y políticamente reprobable”, opinó el constitucionalista Alejandro Salas.
Exigen investigación inmediata
Ante la gravedad de los señalamientos, diversos colectivos ciudadanos, partidos políticos y observadores electorales han exigido al OPLE estatal y al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) iniciar una investigación formal. También se ha solicitado la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para determinar si los hechos pudieran constituir delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos o faltas administrativas durante el proceso electoral.
Hasta el momento, ni el OPLE ni el Ayuntamiento de Boca del Río han emitido una postura oficial sobre el caso.
