Hora cero
La ruptura en la Universidad Veracruzana
Luis Alberto Romero
La decisión de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana de extender el mandato de Martín Aguilar Sánchez como rector para el periodo 2025‑2029 ha provocado la inconformidad de diversos sectores de la comunidad universitaria. No es para menos: se trata de una resolución sin sustento legal claro, sin consulta a la comunidad y sin los procedimientos que garantizan la legitimidad de una autoridad electa. Estamos ante una acción que vulnera los principios democráticos que deben regir a una institución pública de educación superior.
Diversas voces han denunciado esta prórroga como un acto irregular e incluso ilegal. El pronunciamiento de la Red UV por la Legalidad, firmado por académicos, estudiantes y personal administrativo, lo expresa con contundencia: la Junta de Gobierno ha actuado con opacidad y sin apego a derecho, concediendo una continuidad que nunca debió otorgarse sin una convocatoria pública y abierta. La comunidad exige la revocación inmediata de la medida y el inicio de un proceso legítimo de elección. No es un capricho, sino un reclamo legítimo de participación en decisiones que afectan el rumbo de la universidad.
El argumento de la “continuidad institucional” no puede justificar el atropello de las normas internas ni la imposición de liderazgos sin consulta.
Prorrogar un mandato sin proceso de elección debilita los mecanismos de rendición de cuentas. A fin de cuentas, ¿a quién responde un rector que no fue reelecto mediante un proceso abierto, sino extendido por decisión cerrada de un órgano colegiado? ¿Con qué legitimidad conducirá los próximos cuatro años una administración que inicia marcada por la imposición?
La comunidad universitaria no ha permanecido en silencio. Las reacciones en redes sociales, foros académicos y medios de comunicación reflejan un rechazo que trasciende la figura del actual rector.
Lo que está en juego es un modelo que respete el derecho a decidir, escuche voces plurales de todas las regiones universitarias y garantice transparencia en cada etapa del proceso. No es solo un nombramiento, es la confianza en la capacidad de la UV para gobernarse con altura, legalidad y legitimidad.
Una universidad pública no puede funcionar bajo un autoritarismo disfrazado de institucionalidad. Lo que ocurre hoy sienta un precedente peligroso que debilita la credibilidad de la Universidad Veracruzana y su papel como formadora de ciudadanos críticos, libres y participativos.
La rectoría, a fin de cuentas, no es un cargo vitalicio ni una concesión política; es un encargo temporal que debe renovarse con base en procesos legales, limpios y legítimos.
La comunidad ha actuado con responsabilidad: ha denunciado, exigido y planteado rutas legales. Pero también ha enviado un mensaje firme: no aceptará retrocesos democráticos. Revocar esta prórroga no solo es jurídicamente correcto, es también un acto moral necesario.
El futuro de la UV debe construirse con consenso, participación y respeto a la legalidad. La comunidad ha levantado la voz; y ahora corresponde a las autoridades escuchar y rectificar.
@luisromero85
