- La autonomía universitaria puede ser violada extramuros, intramuros o
en ambos frentes. - En el caso de la UV, aunque hay indicios de injerencia externa, la
principal violación ha sido interna. - Sin pensarlo, el mayor logro de la actual rectoría fue provocar la
movilización universitaria a favor de la legalidad.
“… entre nosotros hay muchos enmascarados que no
respetan, no aman y no aprecian la autonomía
universitaria. La Universidad es
lo primero. Permanezcamos unidos para defender, dentro y fuera de
nuestra Casa, las libertades de pensamiento, de reunión,
de expresión y la más cara: ¡nuestra autonomía!”.
—Javier Barros Sierra. Rector de la UNAM, 1968
En un par de artículos de esta misma serie me referí a la credibilidad que merecían
algunos miembros de la Junta de Gobierno, debido a su destacada trayectoria
personal, que sólo es posible mediante dedicación, esfuerzo y disposición por servir
al bien común. También señalé la advertencia que anticiparon algunos analistas
sobre un par de miembros de ese órgano colegiado que actuarían de manera
beligerante por consigna e interés de grupo, menospreciando la legalidad, la ética y
la institucionalidad. Uno puede imaginarse la tensión al interior de la Junta, sobre
todo, después de la renuncia de dos valientes académicas que se opusieron a una
inminente decisión en la que no se tomaron en cuenta sus argumentos ni los
pronunciamientos públicos, razonados y bien fundamentados, que advertían sobre
la improcedencia legal de la prórroga y la grave transgresión a la legislación
universitaria que conllevaría.
Aún se desconoce, aunque pronto se sabrá, cómo fue que la presión de dos
miembros beligerantes de la Junta que actuaron con evidente alevosía y ventaja,
lograron imponerse sobre cinco miembros que debieron darse tiempo para estudiar
a fondo la improcedencia jurídica implícita en la petición del rector saliente.
Además, llama la atención que no se hayan asesorado sobre las falsas premisas jurídicas que usó esa instancia de gobierno en el comunicado donde anuncia el
otorgamiento de la prórroga. Específicamente, el segundo considerando sobre su
“procedibilidad”, refleja un absoluto desconocimiento sobre jurisprudencia y/o un
preocupante menosprecio por la legislación universitaria.
En ese apartado de “procedibilidad” se expresan enunciados que resultan de una
interpretación jurídica sui generis que no se sostiene legalmente y, menos, porque
no es atribución de la Junta de Gobierno hacer interpretaciones sobre la legislación
universitaria. Tomemos como ejemplo el siguiente enunciado de su comunicado:
“…entiéndose que la naturaleza de la prórroga dentro de la normativa universitaria
permite extender la vigencia del nombramiento por un periodo más … sin que esto
constituya una nueva designacion que requiera cubrir los mismos requisitos que ya
fueron previamente legitimados por la Junta de Gobierno hace 4 años”. La Ley de
Autonomía nunca menciona esa falacia, por lo que la Junta se convirtió en entidad
legisladora contraviniendo toda normatividad. Ahí mencionan otra frase insólita: “La
legislación universitaria le otorga a la Junta de Gobierno la potestad reglamentaria
para conoсеr y regular la designación de la persona titular de la Rectoria”. Eso es
totalmente falso, la normatividad universitaria no otorga la capacidad de regulación
a la Junta, esto es, de crear normas de tan alta jerarquía, porque eso sólo le
corresponde al Poder Legislativo de Veracruz. Aunque la Junta si tiene la atribución
de actualizar normas secundarias sobre su actuar como es el caso de su propio
reglamento interno, éstas deben ser congruentes con disposiciones normativas
superiores contenidas en las leyes. Entonces, la Junta de Gobierno no sólo legisló
lo que no le correspondía, sino que contravino y violó lo que sí esta legislado.
Otra falacia de ese comunicado es la siguiente: “La Junta de Gobierno es a quien
corresponde establecer el método para atender la solicitud planteada.” Eso tampoco
es cierto porque asumen atribuciones de legisladores que no les corresponde. El
método de designación de quien se hará cargo de la rectoría está suficiente y
debidamente explicitado en distintos artículos de las leyes universitarias y en el
propio Reglamento Interno de la Junta que la obliga a seguir un procedimiento
preciso con el fin de asegurar la libre competencia entre postulantes, la transparencia y la amplia participación de la comunidad universitaria para que contraste distintos perfiles, diagnósticos y propuestas sobre el rumbo institucional. Este procedimiento es el que estamos esperando hasta el día de hoy, no más.
El referido comunicado de la Junta de Gobierno de la UV dejará precedente en la
historia de las universidades autónomas como texto de estudio sobre lo que no debe
hacerse en materia de jurisprudencia, institucionalidad y responsabilidad social. También será objeto de estudio lo que sucedió al interior de la Junta de Gobierno.
Ahí hay académicos de trayectoria destacada que conocen el sistema universitario
y nuestra institución. Aunque es entendible que sus miembros no sean expertos en
jurisprudencia, la trascendencia de su decisión en un entorno tan vigilante y de gran
expectación por las advertencias de una posible transgresión, debió llevarlos a
asesorarse cabalmente antes de dar su voto a favor. Aunque la participación en
comisiones honorarias exige sobrecargas de trabajo para gente usualmente muy
ocupada, esto debiera solventarse con análisis y síntesis ejecutivas por parte del
personal técnico, en este caso de la Junta de Gobierno.
Aquí es donde los miembros no beligerantes debieron haber puesto especial
cuidado para no confiar en la buena fe de la documentación que se les entregaba
como legal. Un caso similar sucedió con los cuestionarios diseñados de manera
sesgada para inducir la opinión de los universitarios a favor de la prórroga. Debe
insistirse, esa “consulta” también fue ilegal porque no está consignada en la
legislación universitaria.
Las evidencias que se tienen hoy, apuntan a que hubo un arreglo previo, planeado
con alevosía y ventaja, en el que participaron directivos de la alta jerarquía
universitaria junto con miembros beligerantes de la Junta de Gobierno. La consigna
y la premura que mostraron en su actuación sugiere que buscaron satisfacer los
planes y calendarios necesarios para aprovechar el periodo vacacional y la ausencia
de la comunidad universitaria en su insólita pretensión de mantener ilegalmente al
rector saliente cuatro años más en su cargo.
En nuestro país existen reflexiones y definiciones serias, profundas, en torno a la
autonomía universitaria y sobre su gran misión y significado. Queda claro que el
rango constitucional que nuestra nación le otorga a la autonomía universitaria es
una medida exacta de su trascendencia social. El pensamiento plural, crítico,
reflexivo, orientado al bien común, a la solidaridad y a la construcción de un futuro
justo, armonioso en lo social y lo ambiental, debe ser un atributo distintivo de toda
universidad autónoma. También, el que se distinga por su gobernanza transparente,
respetuosa de la legalidad y del rumbo académico colegiado; por su aporte al éxito
de cada uno de sus estudiantes, al enriquecimiento cultural, ético, científico,
tecnológico y humanístico de la sociedad a la que se debe. Todo ello impone una
gran responsabilidad institucional que se debe predicar con el ejemplo en el marco
de obligaciones y derechos claramente establecidos.
Tales premisas son las que se esperaría ver trasminadas al interior de la Junta de
Gobierno para que en un marco de pluralidad, honorabilidad y responsabilidad, se
atiendan las insistentes voces que señalan con solidez que no procede la
autorización de la prórroga. La razón es nítida, no se sostiene jurídica, ética y
socialmente. Se trata de cumplir la legislación y evitar el caos en una de las
universidades del país de mayor trayectoria y brillo, de una institución que honra el
arte, la ciencia y la luz. A fin de cuentas, reconocer un error requiere honestidad
intelectual y solidez ética; corregirlo, conlleva valentía y congruencia con los más
altos valores. La decisión personal que tome el rector saliente para asumir la
legalidad o el papel que protagonice la Junta de Gobierno quedarán escritos en la
historia de la universidad pública. La decisión todavía está en sus manos; después,
ya no.
