Hora cero
Recomendaciones de la CNDH, ignoradas por la FGE
Luis Alberto Romero
La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha consolidado una preocupante línea de conducta institucional: el rechazo sistemático de las recomendaciones emitidas por las comisiones estatal y nacional de los Derechos Humanos.
Esta negativa, más allá de representar una simple discrepancia administrativa, evidencia una postura institucional contraria a los principios de justicia y reparación que deberían guiar a cualquier órgano de procuración de justicia.
Desde 2019, la Fiscalía ha desestimado al menos treinta recomendaciones formuladas por la CEDH, muchas de ellas relacionadas con hechos graves como desapariciones forzadas, tortura, abusos sexuales y omisiones en las investigaciones. Esta cifra, revelada por medios locales y confirmada por los propios registros del organismo estatal, no es solo estadística: representa decenas de historias de víctimas que han sido ignoradas por quienes debieran garantizarles justicia.
El caso del ataque al bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos es apenas un ejemplo de la indiferencia institucional. La Fiscalía rechazó una recomendación por trato indigno hacia las víctimas de esa masacre, argumentando que ya había cumplido con su deber. Sin embargo, tanto la CEDH como la CNDH han coincidido en que las omisiones de la autoridad, desde la deficiente atención a los familiares hasta la falta de seguimiento de las investigaciones, constituyen violaciones claras a los derechos humanos.
Recientemente, la CNDH emitió cuatro nuevas recomendaciones dirigidas a la FGEV debido a su reiterada negativa a aceptar resoluciones previamente formuladas por la comisión estatal. La CNDH señala que esta actitud refleja una falta de compromiso con el estado de derecho y una grave omisión de la obligación de colaboración entre instituciones. En términos jurídicos, la Fiscalía puede no estar obligada a aceptar las recomendaciones, pero en términos éticos y políticos, su negativa no puede leerse sino como una renuncia a mejorar su actuación y a asumir responsabilidad por sus fallos.
Rechazar recomendaciones por sistema —incluso cuando se trata de casos con evidencia de negligencia, omisiones graves o revictimización— es un mensaje lamentable para las personas que han sufrido violaciones a sus derechos: que la justicia no solo tarda, sino que también se niega. Peor aún, es un mensaje para los servidores públicos de que sus errores no tendrán consecuencias, que la impunidad institucional es tolerada e incluso defendida.
En vez de escudarse en tecnicismos o en una supuesta suficiencia de sus actuaciones, la Fiscalía debería aprovechar las recomendaciones como una herramienta de diagnóstico y mejora. Negarse a aceptarlas es rechazar también la posibilidad de transformarse en una institución más transparente, sensible y profesional.
No hay Estado de derecho sin autoridades que rindan cuentas. No hay justicia sin instituciones dispuestas a corregirse. Y no hay reparación real para las víctimas si quienes debieran protegerlas optan por cerrar los ojos.
La Fiscalía de Veracruz tiene aún la posibilidad de cambiar el rumbo, de asumir con responsabilidad las observaciones que le hacen los organismos autónomos y de demostrar que está de lado de las víctimas y no de la impunidad.
@luisromero85
