Hora cero
Crisis penitenciaria, una bomba de tiempo
Luis Alberto Romero
La crisis que atraviesa el sistema carcelario nacional no puede ser ignorada. Los datos recientes del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del INEGI revelan que, al cierre de 2024, más del 36% de las personas privadas de la libertad no contaban con una sentencia definitiva; es decir, hay más de 85,000 internos en espera de resolución judicial; de ellos, 47% enfrenta prisión preventiva oficiosa impuesta automáticamente, y casi el 13% carece de clasificación jurídica clara.
Este retraso prolongado no solo afecta el principio de presunción de inocencia, sino que impone una carga innecesaria al sistema: alargar el encierro y aumentar el hacinamiento.
Así sucede en un contexto donde el hacinamiento es crónico: el censo de 2023 reportó 233,277 personas en reclusión frente a una capacidad instalada de 229,032 espacios, lo que implica una sobrepoblación de al menos 4,245 personas, sobre todo en cárceles estatales, que alcanzan una tasa de ocupación promedio del 105.9 %, mientras los centros federales se sitúan en 73.1 %. Este exceso reduce las posibilidades de reinserción social, agrava las condiciones de vida y fomenta ambientes propicios para la violencia interna.
La CNDH, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, documentó déficits estructurales alarmantes: en más de la mitad de los centros evaluados (54%) no se garantizan condiciones mínimas para la reinserción, y muchos reclusorios operan como auténticas “universidades del crimen”. Entre las principales fallas se encuentran: falta de separación entre procesados y sentenciados (80.9 %), condiciones materiales e higiénicas deficientes (77.1 %), atención de salud y alimentación inadecuadas (54.2 %), presencia de autogobiernos (52.7 %), hacinamiento (48.9 %) y sobrepoblación (35.1 %).
La ausencia de programas de capacitación laboral, educativos y culturales, así como la falta de personal médico y procedimientos claros, agrava la incapacidad del sistema para promover una verdadera reinserción. En muchas cárceles estatales, los grupos de reclusos ejercen control interno, y se han constatado privilegios, objeto de contrabando y violaciones básicas a los derechos humanos.
Las intenciones de reforma existen y se ha planteado la certificación nacional del sistema penitenciario como un mecanismo que impulse estándares uniformes e institucionalice buenas prácticas. Un trabajo publicado por Nexos el pasado 15 de julio sugiere una certificación obligatoria para reclusorios estatales y federales, con un enfoque de derechos humanos, infraestructura digna y profesionalización del personal.
De forma reciente, Veracruz volvió a ser escenario de una tragedia: en Tuxpan se registró un motín en el Cereso local, que dejó un saldo de ocho personas muertas y once lesionadas.
El caso de Tuxpan fue un llamado para que se implementen acciones que eviten la violencia y los motines en otros penales de Veracruz y del país; hace casi una década, en febrero de 2016, otro motín en el penal de Topo Chico disparó los focos rojos, al registrar un saldo de 49 muertos.
Esos hechos dramáticos ilustran de manera cruda los riesgos en las cárceles, porque mientras no se invierta en infraestructura, se trabaje en programas de reinserción, se refuerce la seguridad y se capacite al personal en derechos humanos, el problema seguirá latente en el penal de Tuxpan, en el de Topo Chico y en los 325 centros penitenciarios del país.
@luisromero85
