Exigen reinstalación de trabajadores sindicalizados despedidos en CMAS Coatepec

Juan David Castilla

Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Contraloría Autónoma del Agua y Territorio en Coatepec, denunció hostigamiento y represión contra los trabajadores sindicalizados de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) por parte del alcalde Raymundo Andrade Rivera.

La declaración, realizada en la ciudad de Xalapa, surge en medio de un emplazamiento a huelga por parte del sindicato, que agrupa a 55 trabajadores con más de 20 años de antigüedad quienes, según Rodríguez Almazán m, laboran bajo condiciones «muy precarias».

En ese sentido, exigió la reinstalación de cinco trabajadores que fueron despedidos recientemente, de manera injustificada en este organismo del agua del Pueblo Mágico cercano a la capital del estado.

«El alcalde ha dado instrucciones a su jurídico, Arturo, para amedrentar al sindicato y generar condiciones de terror», afirmó Rodríguez Almazán.

El punto más álgido de la denuncia es la presunta inculpación injusta de los trabajadores sindicalizados en un desfalco financiero al interior del organismo.

El vocero de la Contraloría sostuvo que, por el contrario, son los funcionarios de la actual administración quienes han sido «artífices» de este daño patrimonial.

Rodríguez Almazán señaló una notoria desigualdad de ingresos que, a su juicio, evidencia la falta de transparencia, pues los 37 trabajadores de confianza reciben un 40% más de ingresos que el total de los trabajadores sindicalizados.

Desmintió, además, los argumentos del jurídico sobre un riesgo financiero generado por las prestaciones del sindicato, calificándolo de una «mentira» que solo busca ocultar la traición de la administración al pueblo coatepecano.

Ante la gravedad del conflicto, que, según el denunciante, pone en riesgo los intereses del organismo y facilita su «captación por intereses económicos», se hizo un llamado directo a las autoridades estatales.

«Le pedimos de manera muy atenta a Rocío Nahle y Ricardo Ahued que intervengan de manera inmediata para facilitar un periodo de transición. De consumarse este hecho, estarían heredando un daño patrimonial a la futura administración», declaró Emilio Rodríguez.