Juan David Castilla
La ola de violencia contra la población trans en Veracruz ha alcanzado un punto crítico, registrando nueve transfeminicidios en lo que va del año y encendiendo las alarmas de las organizaciones de derechos humanos.
Ante esta crisis de crímenes de odio por homofobia y transfobia, activistas exigen al Congreso local y a las autoridades una respuesta inmediata y contundente.
Leonardo Ruiz Moreno, presidente de Orgullo Xalapa por los Derechos Humanos, fue enfático al demandar dos acciones legislativas clave: la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes de Odio y la tipificación del transfeminicidio en el Código Penal del estado.
Ruiz Moreno detalló que los asesinatos se han concentrado en los municipios con mayor densidad poblacional, como Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Córdoba y Xalapa. La mayoría de las víctimas han sido mujeres trans.
“Los transfeminicidios existen en Veracruz; las personas trans siguen siendo objeto de odio, exclusión y violencia», afirmó el activista, quien recordó un caso reciente: “Hace poco ocurrió otro caso, después del de Alexis. Seguimos levantando la voz, exigiendo justicia y verdad”.
El activista lamentó que la impunidad se mantenga debido a la falta de sensibilidad institucional. Insistió en la necesidad de que las investigaciones se realicen con perspectiva de género, dado que este es uno de los sectores más vulnerables y discriminados.
Ruiz Moreno subrayó la difícil situación que enfrentan los familiares de las víctimas, quienes deben lidiar con maltrato institucional, revictimización y un proceso desgastante que a menudo los lleva a abandonar la denuncia.
“Muchas familias terminan abandonando las denuncias por el cansancio y la falta de resultados. Por eso insistimos en la creación de una Fiscalía especializada que atienda con enfoque y sensibilidad estos delitos”.
El representante de Orgullo Xalapa enfatizó que, si bien algunos casos de mujeres trans con cambio de identidad ya realizado podrían clasificarse como feminicidios, otras víctimas se encontraban en proceso de transición. Esta distinción no debe ser motivo de revictimización ni de omisión institucional.
Finalmente, la organización recalcó que, además de la exigencia a los legisladores, es vital fomentar la denuncia de actos de discriminación e implementar políticas públicas que garanticen la seguridad y promuevan la sensibilización social, trabajando de la mano con el gobierno y la sociedad civil para erradicar la desigualdad real.
