El lado oscuro de la UV: poder, silencio y simulación
Dr. Rafael Vela Martínez
La Universidad Veracruzana (UV), como máxima casa de estudios del estado, debería ser un bastión de legalidad, ética y responsabilidad social. Sin embargo, la actuación reciente de su Junta de Gobierno (JdG) y del rector Martín Aguilar Sánchez evidencia lo contrario. Una serie de decisiones cuestionables, amparadas en formalidades legales vacías y discursos éticos contradictorios, han conducido a la institución hacia una crisis de legitimidad, mientras se pretende desviar la atención con gestos mediáticos y populistas.
El pasado 7 de octubre, Juan Manuel Pinos Rodríguez, presidente en turno de la JdG, emitió una convocatoria para sustituir a la doctora María Adela Monreal Gómez, cuyo periodo como integrante del órgano colegiado ha concluido. Dicha convocatoria se fundamenta en artículos de la Ley de Autonomía de la UV y en los reglamentos internos de la Junta, y hace énfasis en la necesidad de que los candidatos cumplan con requisitos como la honorabilidad, el prestigio y la ética. Sin embargo, es precisamente en este punto donde la convocatoria se vuelve cínica: los mismos criterios que se exigen a los aspirantes son sistemáticamente violentados por los propios integrantes de la Junta.
La comunidad universitaria conoce bien que los integrantes de esta Junta han sido demandados ante el Poder Judicial Federal, por académicos que hemos promovido amparos ante la evidente falta de apego a la legalidad. La entrega de una prórroga ilegal al rector Martín Aguilar Sánchez para extender su mandato por cuatro años más, constituye una clara usurpación de funciones y una violación a los principios de autonomía universitaria, que ha sumido a la UV en una profunda crisis institucional y de confianza.
Este tipo de actos ha sido acompañado por una cultura de acoso, intimidación y coerción dirigida contra quienes han cuestionado la legitimidad del proceso. Esta estrategia autoritaria —que incluye amenazas y silenciamiento de voces críticas— ha instaurado un ambiente de miedo dentro de la universidad, atentando directamente contra el derecho a la libre expresión, a la crítica interna y al debate académico, pilares fundamentales de toda institución de educación superior.
Por si fuera poco, la Junta de Gobierno ha sido partícipe de un proceso ilegal de reemplazo de integrantes, luego de que algunos miembros decidieran renunciar por no estar dispuestos a avalar decisiones corruptas. Esta acción —lejos de generar una reflexión ética al interior del órgano— ha sido suplida con un discurso que pretende ocultar la ilegitimidad de sus actos bajo una supuesta defensa de principios éticos y legales. Todo esto mientras sus integrantes se ocultan del escrutinio público y rechazan sistemáticamente el diálogo con la comunidad universitaria, mostrando un desprecio total por los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Estas contradicciones ilustran una estrategia de doble moral institucional: por un lado, las autoridades exigen criterios éticos para los aspirantes; por el otro, violan esos criterios en su propio actuar, relegando principios como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación democrática.
Como si no bastara la falta de ética institucional, el rector Martín Aguilar Sánchez ha optado por desviar la atención pública, promoviendo acciones de apoyo a las familias afectadas por las inundaciones en Poza Rica. Si bien las acciones de solidaridad son importantes, en este contexto parecen responder más a una estrategia mediática, para distraer la atención universitaria, que a un auténtico compromiso humanitario. La denuncia de un estudiante de la Facultad de Medicina de Poza Rica pone en evidencia lo anterior: “..debido a la negativa del rector y de la vicerrectora a cancelar las clases a pesar del riesgo evidente, cuatro estudiantes murieron ahogados…”. El testimonio es desgarrador: “…jóvenes que, por responsabilidad y temor a perder exámenes, terminaron ahogados, atrapados en techos o árboles, mientras la administración universitaria ignoraba el peligro…”. Esto no es un simple error administrativo, es una negligencia criminal. Este episodio —si se verifica— supera por mucho el terreno del conflicto institucional: es una responsabilidad directa de quienes detentan el poder universitario.
La verdad es que la comunidad universitaria ha reclamado la intervención urgente de las instancias legales correspondientes: autoridades federales, jueces de amparo, órganos de control académico y de derechos humanos. Mientras tanto, la simulación institucional continúa. Ojalá y los jueces y magistrados en competencia con las demandas de amparo tengan la sensibilidad para resolver a la mayor brevedad posible, pues en manos de ellos esta rescatar a nuestra querida universidad y resolver sobre la crisis de legalidad que prevalece en nuestra institución, la pérdida de imagen y prestigio de nuestra máxima casa de estudios.
De acuerdo con lo dado a conocer por las comisiones de la RED UNIVERSITARIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD, existe un gran compromiso por parte de la legislatura local para realizar a la mayor brevedad posible la interpretación autentica de la normatividad universitaria; incluso, también un compromiso y solidaridad manifiesta por mismas instancias de Gobierno estatal, para dar seguimiento a estas solicitudes de los universitarios y, así, reestablecer a la mayor brevedad la legalidad en la UV y acabar con su pérdida de prestigio a la que han llevado grupos de poder ajenos a nuestra institución.
Tales acusaciones no pueden ser respondidas solo con comunicados oficiales ni discursos institucionales. Se requiere:
• Investigación seria e imparcial de las irregularidades en el proceso de prórroga.
• Reversión inmediata de los actos que contravengan la normativa universitaria.
• Convocatoria pública, transparente y plural para designación de nuevo rector, cumpliendo los criterios legales vigentes.
• Recuperación de la confianza institucional mediante mecanismos de rendición de cuentas y auditorías.
• Relevo de todos los actuales integrantes de la Junta de Gobierno quienes no han sido dignos de su encargo.
• Designación de un Rector o Rectora interino.
La comunidad universitaria y la sociedad veracruzana merecen transparencia, legalidad y liderazgo ético, no simulaciones ni gestos vacíos. Es momento de levantar la voz, exigir justicia y recuperar la universidad para quienes verdaderamente la sostienen: sus estudiantes, sus académicos y su comunidad.
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