Urgen rediseño presupuestal para cumplir compromisos climáticos; beneficiaría a Veracruz

Juan David Castilla

Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre la insuficiencia e incongruencia del presupuesto federal destinado a la transición energética y al combate contra el cambio climático, un tema de vital importancia para el estado de Veracruz, históricamente vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos.

Las organizaciones Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), CEMDA, Engenera, Greenpeace México y Oxfam México evidenciaron que el actual esquema presupuestal mexicano no refleja los compromisos internacionales ni nacionales del país.

Alberto Alarcón, abogado del CEMDA, señaló la inefectividad del Anexo Transversal 15 (Transición Energética) del PEF 2026, indicando que un alarmante 95% de los recursos podría estar desvinculado del objetivo de diversificación económica que implica dicha transición.

Por su parte, Beatriz Olivera de Engenera, A.C., criticó el Anexo 16 (Recursos para Adaptación y Mitigación), cuyos fondos son «acaparados» por programas de Seguridad Nacional, restando recursos a acciones cruciales para Veracruz, como la gestión sustentable del agua o la investigación en cambio climático, que son clave para enfrentar el estiaje y los huracanes en la entidad.

Las organizaciones hicieron hincapié en que la política climática debe incluir acciones justas y efectivas. Giselle García, abogada de AIDA, destacó la importancia de contemplar la sustitución progresiva y responsable del carbón en la matriz eléctrica para avanzar hacia una transición justa.

Vinculado a esto, Pablo Ramírez de Greenpeace México enfatizó la necesidad de atender la dimensión social de la energía, señalando que «no existe justicia energética sin atender la dimensión social de la energía» y que la pobreza energética debe ser combatida mediante la redistribución de recursos del sector.

Finalmente, se hizo un llamado urgente a las autoridades federales y estatales de Veracruz para habilitar los medios de implementación de la NDC 3.0, cumplir con los compromisos climáticos y garantizar los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras ante la inminente crisis climática.