Hora cero
La historia sin fin del daño patrimonial en Veracruz
Luis Alberto Romero
La aprobación de la Cuenta Pública 2024 por el Congreso de Veracruz, con 34 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, deja más preguntas que certezas.
El dictamen avala el trabajo técnico del Órgano de Fiscalización Superior, pero al mismo tiempo revela un problema estructural que no se ha resuelto: la persistencia de irregularidades millonarias en el ejercicio del gasto público estatal y municipal.
El informe del Orfis reporta un presunto daño patrimonial superior a los 2 mil 311 millones de pesos, derivados de auditorías a dependencias, organismos descentralizados, entes autónomos y ayuntamientos.
El dato, por sí mismo, desmiente cualquier discurso de eficiencia administrativa. En cinco dependencias del Gobierno estatal —Educación, Infraestructura y Obras Públicas, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario— se detectaron inconsistencias graves, desde pagos injustificados hasta obras inconclusas o sin comprobación documental.
Los municipios tampoco se salvan: en 171 ayuntamientos se identificaron irregularidades que suman más de mil 476 millones de pesos, además de observaciones administrativas que podrían derivar en sanciones.
Incluso algunas entidades paramunicipales acumularon anomalías por más de 4 millones de pesos, y en materia de deuda pública y disciplina financiera se detectaron inconsistencias por más de 61 millones.
En contraste, organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el IVAI, la CEAPP o el Tribunal Electoral del Estado salieron limpios de observaciones.
Durante la sesión del Congreso, el diputado morenista Felipe Pineda Barradas defendió el dictamen como un ejercicio de transparencia y aseguró que su bancada “no será tapadera de nadie”. Sin embargo, el discurso no basta. La transparencia se demuestra en los hechos, y lo cierto es que, año tras año, Veracruz aparece entre los estados con mayores montos observados por daño patrimonial, sin que la mayoría de los casos se traduzca en sanciones efectivas.
Otros legisladores, como el del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz, advirtieron que el monto observado debería llevar a una reflexión profunda sobre la eficacia del sistema de fiscalización. Y tienen razón: mientras las auditorías sigan detectando miles de millones sin comprobar, la rendición de cuentas seguirá siendo una asignatura pendiente en la entidad.
El Orfis cumplió su parte: auditó, observó y reportó. Ahora toca a las instancias internas de control y a la Fiscalía Anticorrupción investigar y sancionar. De lo contrario, el proceso se reducirá a un ritual burocrático que cada año repite la misma historia con distintos nombres y cifras.
La cuenta pública fue aprobada, pero la verdadera evaluación no se hace en el Congreso, sino en la calle, donde la ciudadanía exige saber en qué se gasta su dinero. Y mientras Veracruz siga acumulando observaciones millonarias sin responsables claros, la transparencia seguirá siendo un discurso, no una práctica.
@luisromero85
