Crisis en la UV ocasionada por una Junta de Gobierno fuera de la legalidad y la razón
Dr. Rafael Vela Martínez
La Universidad Veracruzana (UV), institución histórica y símbolo de la educación pública en el estado, atraviesa una de las etapas más oscuras de su vida moderna. La Junta de Gobierno (JdG), órgano que debería ser garante de la autonomía y la legalidad universitaria, se ha convertido en el epicentro de una crisis institucional marcada por la ilegalidad, la opacidad y la manipulación política.
En la entrevista que recientemente realizó nuestro amigo Sergio González Levet, a 3 prestigiados académicos, 2 de ellos ex integrantes de la JdG de la UV, se evidencia la actitud complaciente, defensiva y tendenciosa de varios de sus integrantes; de hecho, exhibe un comportamiento que no sólo contradice los valores universitarios, sino que destruye la confianza en el autogobierno universitario. Su decisión de prorrogar el mandato de Martín Gerardo Aguilar Sánchez —sin un proceso claro, sin consulta amplia y con interpretaciones normativas a conveniencia— ha generado un quiebre moral dentro de la comunidad universitaria.
Detrás de los discursos formales sobre la “autonomía” y la “estabilidad institucional”, se esconde un acto que muchos juristas y académicos califican de aberrante e ilegal: la usurpación del principio de legalidad, el desprecio por el consenso universitario y la perpetuación de intereses personales.
El artículo 36 de la Ley Orgánica de la UV establece que el rector “durará en su cargo cuatro años, periodo que podrá prorrogarse por una sola vez”; sin embargo, lo que la ley no autoriza es que la JdG manipule la figura de la prórroga sin el procedimiento que es preciso y claro en la normatividad universitaria: convocatoria pública y evaluación transparente.
El acto mediante el cual se extendió el mandato del actual rector no fue producto de un proceso de consulta democrática, sino de una deliberación cerrada, hermética y carente de fundamentación jurídica verificable, lo que en esencia implica sustituir la voluntad de la comunidad universitaria por un acto de conveniencia política. En otras palabras, todo apunta a señalar que la JdG ha perdido su naturaleza de órgano colegiado autónomo. En lugar de actuar como garante del equilibrio y la legalidad, se ha transformado en una extensión del poder político local y del grupo rectoral que busca perpetuarse. La ausencia de autocrítica y de rendición de cuentas convierte a la Junta en una estructura cerrada, elitista y autorreferencial, contraria a los principios de transparencia que rigen a las universidades públicas y autónomas de nuestro país.
Jurídicamente, la prórroga otorgada al rector fue un acto de ilegalidad y simulación: el procedimiento fue todo menos claro, ya que en el nombramiento de un nuevo Rector debe prevalecer el principio de legalidad universitaria, que exige que toda autoridad actúe conforme a la ley y a los reglamentos internos, situación que no existió al otorgarse la prórroga a Martín Aguilar; por el contrario, este principio fue violado en varios frentes:
1. Ausencia de procedimiento reglado: no existe en el Estatuto General ni en la Ley Orgánica una descripción del procedimiento para aprobar una prórroga; la Junta actuó con discrecionalidad absoluta.
2. Falta de transparencia: la comunidad universitaria no fue informada de los criterios, las evaluaciones ni los argumentos jurídicos que sustentaron la decisión.
3. Conflicto de interés: algunos miembros de la Junta han mantenido vínculos laborales o institucionales con la administración rectoral, lo que pone en duda su imparcialidad.
4. Violación al principio de temporalidad de los cargos: la extensión de mandatos sin mecanismos de renovación y control es contraria al espíritu de rotación democrática que debe caracterizar al gobierno universitario.
En resumen, la prórroga del rector no es un acto administrativo, sino una simulación legal construida para encubrir un ejercicio de poder autoritario y antidemocrático.
El daño ya es visible: la Universidad Veracruzana atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes. La imagen de la UV como referente de transparencia y autonomía se ha erosionado. El estudiantado observa con desconfianza a las autoridades, los académicos pierden motivación para participar en órganos colegiados, y la sociedad percibe una universidad cada vez más capturada por intereses políticos y muy lejos de su objeto social como fuente de conocimiento científico, innovación y desarrollo tecnológico; formadora de jóvenes profesionistas y garante de la movilidad social; palanca del desarrollo y bienestar de los veracruzanos.
En este momento decisivo para la Universidad Veracruzana, la comunidad universitaria tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la legalidad, la transparencia y la esencia misma de nuestra institución: el pensamiento crítico y la defensa de la autonomía. Las y los consejeros universitarios ocupamos un lugar esencial en este proceso. Nuestra voz y voto no son simples formalidades; son el reflejo del compromiso de toda la comunidad con los valores que nos dieron origen. Hoy, más que nunca, la UV necesita consejeros valientes, capaces de anteponer el bien institucional a cualquier interés circunstancial. Actuar con ética y responsabilidad no es un acto de confrontación, sino de amor profundo a nuestra universidad.
Este no es un llamado a la confrontación, sino al ejercicio responsable de nuestras atribuciones. La comunidad universitaria confía en que nosotros, los consejeros universitarios, sabremos actuar con independencia, ética y compromiso con los principios que dieron origen a nuestra alma máter. El silencio o la inacción podrían interpretarse como indiferencia ante una situación que afecta la credibilidad institucional. En cambio, una postura firme y reflexiva será recordada como un acto de responsabilidad y amor por la Universidad Veracruzana: nuestra alma mater pertenece a su comunidad, y su futuro lo decidimos con responsabilidad, transparencia y compromiso ético.
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