Juan David Castilla
A cinco años de la muerte de su hijo, Gustavo Ortiz Hernández, ocurrida el 20 de octubre de 2020, Julia Hernández Díaz alzó la voz con «mucho valor y entereza» para denunciar la lentitud y las inconsistencias en el proceso judicial.
La madre se manifestó junto a otros padres y madres de víctimas, como los casos de Carlos Navarro y Gerson Castro, para exigir una audiencia urgente con la gobernadora Rocío Nahle.
La señora Hernández Díaz subrayó que su hijo fue un «ser humano que le quitaron la vida a los policías», y que a la fecha, no han podido lograr una resolución justa. La queja principal radica en las constantes dilaciones, que los obligan a peregrinar «en el sol, en el agua, en el frío», sin importar dolores ni la afectación emocional.
En el caso particular de su hijo, dos policías fueron detenidos. Sin embargo, Julia Hernández lamentó que uno de ellos ya fue sentenciado a solo 26 años, una pena que considera insuficiente, y expresó su deseo de que se pida la pena máxima.
El otro implicado se encuentra en proceso de sentencia, por lo que la madre solicita que también se le imponga la máxima pena para que los responsables «paguen como debe de ser».
La madre denunció una grave irregularidad en la impartición de justicia: uno de los policías involucrados en el crimen aún se encuentra prófugo.
Además de la exigencia de justicia penal, las familias están a la espera de la reparación del daño económico, que no se ha concretado a pesar de los años transcurridos.
Julia Hernández reiteró que la agresión fue a manos de los policías, quienes supuestamente golpearon a su hijo desde el momento de la detención, de modo que al llegar al cuartel de San José solo diera «las últimas palabras».
La madre mencionó que, según los reportes, su hijo pedía auxilio y no fue atendido en el cuartel, un hecho que agrava la responsabilidad institucional.
