Hora cero
Un respiro para el campo cañero
Luis Alberto Romero
El decreto publicado este 10 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual la presidenta Claudia Sheinbaum estableció aranceles de hasta 210% a las importaciones de azúcar, representa una decisión importante para la agroindustria cañera mexicana.
Por primera vez en años, el gobierno federal responde con una medida concreta a una demanda histórica de los productores nacionales: frenar el ingreso desmedido de azúcar extranjera que ha deprimido los precios internos y puesto en riesgo la supervivencia de un sector estratégico para el país.
En los últimos dos años, el campo cañero mexicano ha enfrentado una tormenta perfecta: sequías prolongadas, altos costos de producción, inseguridad en las regiones rurales y una política comercial que permitió la entrada de más de 715 mil toneladas de azúcar importada, principalmente de Guatemala y Brasil. Estas importaciones, amparadas por cupos y acuerdos mal administrados, provocaron pérdidas estimadas en más de 15 mil millones de pesos y un colapso del precio nacional de la caña, que cayó por debajo de los mil pesos por tonelada.
Esa situación afectó directamente a más de dos millones de mexicanos que dependen de esta agroindustria —entre productores, jornaleros, obreros, transportistas y proveedores—, pero tuvo un impacto particularmente devastador en los pequeños cañeros.
Un productor promedio invierte más de 250 mil pesos al año para mantener cinco hectáreas de cultivo, con la esperanza de obtener una utilidad que apenas alcanza el 30% de esa inversión. Cuando el precio del azúcar se derrumba por la competencia desleal de las importaciones, el resultado es simple: endeudamiento, pobreza y abandono del campo.
El decreto presidencial modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para imponer aranceles del 156% a los azúcares de caña y remolacha, y del 210.44% al azúcar líquida refinada y al azúcar invertido. Con ello, se busca “salvaguardar la estabilidad de la producción nacional y eliminar distorsiones en el comercio”, de acuerdo con los considerandos del propio decreto.
Esta medida tiene un doble propósito: proteger a la industria azucarera nacional y restablecer condiciones justas de competencia.
Para los productores cañeros, especialmente en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y San Luis Potosí, el decreto significa un respiro. Veracruz, por sí solo, concentra el 36% de la producción nacional y más de 180 mil productores activos.
Durante meses, los líderes cañeros, junto con legisladores como el diputado Zenyazen Escobar, impulsaron la exigencia de imponer aranceles o suspender las importaciones. Hoy, esa gestión rinde frutos.
El azúcar no solo es un producto; es el sustento de regiones enteras; y cada tonelada de caña representa el trabajo de miles de familias rurales que mantienen viva una de las agroindustrias más antiguas y organizadas del país. Este decreto, más que una disposición técnica, es una señal política: el Estado mexicano reconoce la urgencia de proteger su producción interna y a quienes la hacen posible.
@luisromero85
