Juan David Castilla
La jornada de este lunes 24 de noviembre se registraron con cierres parciales en tramos clave de las carreteras veracruzanas debido a la presencia de manifestantes que participan en un paro en el país convocado por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional de Rescate del Campo (FNRCM).
La Guardia Nacional Carretera reportó un cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 297+140 de la carretera Córdoba-Puebla debido a la presencia de personas sobre el arroyo vehicular. Paralelamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, a la altura del kilómetro 295, se registra una reducción de carriles, ya que una caravana de manifestantes avanza en dirección hacia Ciudad Mendoza, por lo que pidió a los automovilistas tomar precauciones.
Los manifestantes que realizan estos cierres exigen a las autoridades federales la atención a múltiples demandas que afectan directamente a sus sectores. Entre ellas, piden reformas al T-MEC y precios de garantía para el sector campesino, frenar la Ley de Aguas y, de manera crucial, demandan seguridad al denunciar ser víctimas de extorsión y robo tanto por parte del crimen organizado como de la propia Guardia Nacional y las autoridades.
Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas habían solicitado previamente a la población evitar salir a las carreteras en esta fecha debido a las afectaciones esperadas por la movilización.
Explicaron que la protesta se realiza en simultáneo con cierres totales en otros estados del país y advirtió que, aunque en Veracruz no se han realizado bloqueos, las acciones podrían intensificarse si no hay respuesta a sus demandas.
Los representantes de ANTAC denunciaron que la inseguridad ha escalado a niveles críticos, señalando que se roban entre 25 y 35 unidades diarias en el país, muchas veces a plena luz del día sin intervención de las fuerzas del orden. Identificó como focos rojos de la delincuencia en el sur el corredor Cosamaloapan–Sayula de Alemán, además de zonas como Cumbres de Maltrata, el estado de Puebla, el Arco Norte y Guanajuato.
Además del crimen organizado, los transportistas señalaron una sistemática extorsión en los trámites de licencias federales. Relataron que, mientras los operadores esperan meses por una cita legal, reciben llamadas ofreciéndoles el trámite inmediato a cambio de 20 a 30 mil pesos, lo cual ha dejado a muchos conductores sin empleo por tener licencias vencidas.
Los transportistas señalaron la presencia de policías ministeriales realizando retenes ilegales en Moralito, La Mancha y otros puntos de carreteras federales. Acusaron que estos operativos buscan presuntamente sembrar droga y extorsionar a choferes, señalando que estos elementos no están facultados para operar en autopistas.
También denunciaron abusos de tránsitos municipales en el interior de las ciudades, particularmente en Fortín, donde utilizan señalamientos contradictorios para detener unidades y pedir dinero.
ANTAC exigió la creación de una fiscalía especializada en robo al transporte para evitar que las denuncias se archiven sin seguimiento, y repudiaron que la iniciativa para sancionar la rapiña durante accidentes carreteros permanezca congelada en el Congreso desde hace dos años.
