Juan David Castilla
Este miércoles 26 de noviembre se llevará a cabo una audiencia crucial en la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Bajo el toca penal 623/2025, la jueza Claudia Resendiz Aguilar resolverá sobre la nulidad del dato de prueba que permitió el sobreseimiento dictado el 14 de noviembre de 2024 en favor del exgobernador Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada.
La señora Olga Lidia Salazar Hernández, integrante del colectivo “Unidas por amor a nuestros desaparecidos Poza Rica”, señaló que la decisión judicial que se tome impactará directamente en la posibilidad de que el exmandatario sea juzgado por este crimen y ha generado una seria preocupación en colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos, quienes temen que se abra la puerta a la impunidad.
Durante la administración de Duarte, Veracruz experimentó una crisis de violencia sin precedentes, marcada por centenares de desapariciones y la proliferación de fosas clandestinas. Pese a que el exgobernador no ha sido condenado por desaparición forzada, su periodo ha sido central en investigaciones y señalamientos sobre la responsabilidad política que pudo haber contribuido a estos crímenes de lesa humanidad.
Los colectivos han expresado abiertamente su preocupación: si se confirma el sobreseimiento o si Duarte logra obtener la libertad anticipada antes de ser juzgado por desaparición forzada, existe una alta probabilidad de fuga.
Las consecuencias de una fuga serían devastadoras y constituirían un daño moral y político irreparable: significaría que el exgobernador jamás respondería ante la justicia por los hechos de su administración, que los crímenes de cientos de víctimas quedarían impunes y que se perpetuaría la revictimización de las madres buscadoras que aún sostienen la lucha que correspondía al Estado.
En la antesala de la audiencia, las organizaciones han lanzado un llamado firme a las autoridades encargadas de resolver el caso. La exigencia es clara: Veracruz no puede ceder ante la impunidad ni darle la espalda a las madres que llevan años buscando a sus hijos porque el Estado no lo hizo.
La resolución, subrayan, va más allá de un proceso judicial; revisa la credibilidad del sistema de justicia, la dignidad de las víctimas y el compromiso del Estado con la verdad.
Se exhorta a los órganos jurisdiccionales y ministeriales a garantizar imparcialidad absoluta en la resolución, a poner al centro la verdad, la justicia y los derechos de las víctimas, y a considerar el riesgo real de que una decisión judicial que favorezca al acusado le permita eludir la justicia.
