Juan David Castilla
Ambientalistas de Veracruz difunden un pronunciamiento firmado por la Coordinadora Nacional Agua para Todos y las Contralorías Autónomas del Agua que han alzado la voz contra lo que califican un proceso «atropellado» e impositivo, donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) impuso su iniciativa sin una revisión pública efectiva y sin aceptar cambios.
Las organizaciones señalan que la propuesta, aprobada sin modificar «ni un punto ni coma», busca la perpetuación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992. Critican que esta legislación ha generado una violación sistemática de los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano durante más de tres décadas.
La Conagua está anunciando derechos humanos, pero en la práctica, su ley efectiva se escuda de cumplir sus efectos, señalan las organizaciones, acusando una inconsistencia Constitucional.
A pesar de los múltiples intentos de la Conagua por bloquearlos, comunidades y ciudadanos se coordinaron con Legisladores para organizar 16 foros de Parlamento Abierto y presentaron más de 500 propuestas. Sin embargo, la Conagua rechazó de manera contundente las propuestas de reforma impulsadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Entre los puntos rechazados se encontraba la prohibición explícita de la privatización de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento. También se desechó la obligación de reconocer los derechos de pueblos indígenas al agua, además de incluir su representación obligatoria, junto a núcleos agrarios, investigadores y defensores, en los Consejos de Cuenca, que actualmente favorecen solo a los grandes concesionarios.
Igualmente, se negó a reformar el inefectivo esquema de la LAN frente a la contaminación, pues se rechazó tipificar la contaminación como un delito y proteger los vulnerables territorios y acuíferos kársticos.
Se rechazó obligar a la Conagua a extinguir los volúmenes de agua industrial y de servicios para los cuales no se han cubierto los pagos de derechos y se negó a proteger a los usuarios agropecuarios familiares de la extinción de sus derechos por falta de comprobación de uso durante dos años.
Las organizaciones apuntan que, a pesar de los logros que se están anunciando, la nueva legislación carece de artículos que permitan a la Conagua cumplir con objetivos clave.
En primer lugar, la ley no desmonta el acaparamiento y la sobreexplotación, ya que el nuevo Fondo de Reservas del Agua solo permite la «reasignación» de volúmenes sin obligar a reducir el sobreconcesionamiento existente. En segundo lugar, no se incluye ninguna obligación clara para la Conagua o los sistemas de agua potable para garantizar el derecho humano al agua para todos, especialmente en la distribución prioritaria.
Además, señalan que no se logró ninguna reforma que ponga orden en el sistema de concesiones ni que cierre la puerta a las prácticas de corrupción de la Conagua. Las oportunidades de corrupción persisten, pues la ley no obliga a transparentar las listas de solicitudes por cuenca y acuífero, ni las solicitudes aprobadas, lo cual permite a bufetes obtener concesiones y retrasar el pago de derechos por años.
Finalmente, denuncian que la Conagua solo está cobrando el 20% de los derechos adeudados por usuarios industriales y de servicios, lo que convierte la recaudación en una «enorme oportunidad de corrupción». Tampoco se obliga al área técnica a usar tecnologías de punta para fundamentar la disponibilidad de agua, abriendo paso a la manipulación de datos para favorecer intereses poderosos en el otorgamiento de concesiones.
La conclusión de las organizaciones es que la legislación aprobada en la Cámara de Diputados dista del mandato Constitucional de equidad, sustentabilidad y participación y han reafirmado que continuarán trabajando a favor del buen gobierno del agua.
