Juan David Castilla
Las granjas avícolas “Trevilla” y “Trevilla 2”, ubicadas en la localidad de Santa Teresa, municipio de Lerdo de Tejada, fueron clausuradas luego de que el Ayuntamiento confirmara que operaban en total ilegalidad, sin contar con licencias de funcionamiento, permisos ambientales ni autorizaciones sanitarias.
La acción fue ejecutada por personal jurídico y elementos de Seguridad Pública Municipal, tras una verificación solicitada por este medio a la Unidad de Transparencia, donde se corroboró la ausencia total de registro legal que avalara su operación.
La preocupación se intensifica debido a la ubicación de las instalaciones, que se encuentran rodeadas de cañales, arroyos y canales de riego. Esta situación incrementa significativamente el riesgo de contaminación hídrica y agrícola en caso de un manejo inadecuado de los residuos avícolas.
Especialistas consultados en casos similares dentro de Veracruz advierten que la operación no regulada de este tipo de negocios no solo afecta cuerpos de agua y suelos, sino que también puede generar fauna nociva en la comunidad.
Vecinos de Santa Teresa señalaron que llevaban meses percibiendo olores fuertes, moscas y escurrimientos, pero aseguraron no haber observado ninguna visita de supervisión por parte de las autoridades antes de la clausura.
La falta absoluta de expedientes —incluyendo licencia municipal, uso de suelo, dictamen sanitario y manifestación de impacto ambiental— plantea serias dudas sobre cómo y por cuánto tiempo las granjas lograron operar sin control alguno.
El personal jurídico del Ayuntamiento indicó que la clausura se debió estrictamente a la carencia de documentos obligatorios, y no ofrecieron declaraciones adicionales mientras el expediente continúa en integración.
Este caso se suma a un patrón de incumplimiento normativo en la industria avícola del estado, con antecedentes documentados en otras zonas como Actopan y las granjas vinculadas a Distribuidora San Antonio en Cotaxtla.
Dicho patrón evidencia la falta de supervisión adecuada y los riesgos ambientales y comunitarios asociados a las operaciones fuera de regulación.
Tras la clausura, corresponde a los propietarios de las granjas “Trevilla” regularizar su situación. El Ayuntamiento deberá ahora determinar las sanciones correspondientes, los requisitos para una posible regularización, o si se aplicará la suspensión definitiva de sus actividades.
