Juan David Castilla
Este día se publicó formalmente el decreto que da vida a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, una reforma estructural impulsada por la gobernadora Rocío Nahle que redefine la relación entre el Estado y los municipios en materia de combate a la delincuencia.
La nueva legislación institucionaliza el Mando Único como un esquema de coordinación que permitirá al Gobierno del Estado asumir las labores de vigilancia en los municipios que carezcan de corporaciones propias, lo soliciten voluntariamente o por determinación de los Consejos de Seguridad.
Bajo este nuevo marco legal, la implementación del Mando Único deberá garantizar la continuidad del servicio sin vacíos de poder, asegurando además la transparencia en el uso de los recursos federales y estatales destinados a la seguridad municipal.
Un punto clave de la ley establece que, ante casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público, las policías preventivas municipales quedarán bajo las órdenes directas de la titular del Poder Ejecutivo del Estado.
De la reacción a la inteligencia científica
Uno de los pilares de la reforma es la transición hacia un modelo preventivo basado en la ciencia. La ley institucionaliza el Ciclo de Inteligencia como un proceso técnico obligatorio para la toma de decisiones estratégicas.
Con ello, la Secretaría de Seguridad Pública queda facultada para realizar mapeos delictivos complejos y análisis de contexto que permitan ejecutar operativos focalizados en objetivos prioritarios y zonas de alta incidencia, optimizando el despliegue de elementos y recursos materiales.
Asimismo, se formaliza la creación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y se da validez jurídica a las Mesas de Construcción de la Paz, consolidándolas como el mecanismo oficial para monitorear y analizar la situación de seguridad en los 212 municipios veracruzanos.
La ley también busca dignificar la labor policial al transformar el Servicio Profesional de Carrera en una norma de orden público. La estructura técnica regulará estrictamente desde el reclutamiento y la formación hasta el retiro de los elementos.
El objetivo principal es erradicar la discrecionalidad en los ascensos, asegurando que los estímulos y grados se otorguen exclusivamente con base en la capacidad técnica, el desempeño operativo y la honestidad acreditada de cada oficial.
Tras la entrada en vigor de este ordenamiento, el Poder Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, cuenta con un plazo de 120 días naturales para expedir los reglamentos necesarios que permitan la aplicación plena de la ley.
Con esta reforma, Veracruz busca unificar criterios de mando y fortalecer la profesionalización de sus fuerzas del orden para enfrentar los retos actuales en materia de seguridad.
