CAFÉ DE MAÑANA
Por José Luis Enríquez Ambell
LOS CENTROS HISTÓRICOS, LAS CASETAS TELEFÓNICAS Y EL DESARROLLO URBANO
La contaminación visual es responsabilidad de las áreas de Desarrollo Urbano Municipales — en todos los ayuntamientos de Veracruz— y, de manera específica, en los centros históricos es donde mayormente se concentra el problema.
En diversos medios de comunicación se ha venido informando sobre el abandono de inmuebles ubicados en centros históricos de ciudades como Xalapa, Orizaba, Veracruz, Coatzacoalcos, entre otras, así como en otras localidades del norte, centro y sur de la entidad.
Este fenómeno no se limita a asuntos de arquitectura o imagen urbana, pues debe reconocerse que los inmuebles abandonados suelen guardar una historia y, en algunos casos, un misticismo que despierta el interés de diversos actores sociales. Lo cierto es que el número de sitios abandonados —edificios, casas y terrenos— continúa en aumento en las áreas denominadas centros históricos.
En algunos casos, incluso con arquitectura monumental, estos inmuebles se han dejado deteriorar con el tiempo y, en el mejor de los escenarios, su uso es mínimo, quedando reducidos a simples elementos del paisaje urbano, sin orden por parte de la autoridad municipal ni aprovechamiento turístico, por decir algo.
Aquí también debe reconocerse que es innegable la falta de un esfuerzo institucional mínimo por parte de algunas áreas municipales —empezando por Desarrollo Urbano y pasando por Protección Civil, Turismo, Catastro e incluso por el gobierno federal a través del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia)— para abordar de manera conjunta el tema de los inmuebles abandonados o en riesgo. Poco se sabe de acciones específicas en este sentido o, en su defecto, se comunica muy poco al respecto, y lo que se observa es, en muchos casos, «es la inacción».
Cabría suponer que ayuntamientos como Xalapa y Veracruz, entre otros, a través de sus áreas de Desarrollo Urbano y del propio INAH, cuenten con algún registro de estos inmuebles abandonados, pues incluso el INAH dispone de un catálogo y trabaja con ayuntamientos para mantener una relación de predios baldíos en zonas céntricas. Sin embargo, poco o nada se informa de ello a la población.
En muchos casos, el abandono de los inmuebles se debe a razones legales, como hipotecas, juicios testamentarios o el desinterés de los herederos para realizar intervenciones. No obstante, estas circunstancias no deberían permitir que se llegue al olvido o la desidia, ya que el deterioro de estos sitios también representa un riesgo de accidentes para la población.
En el mismo sentido de la imagen urbana, en diversas localidades continúan instaladas en esquinas de calles y avenidas del estado casetas telefónicas de servicio privado prepagado —con tarjetas o monedas— hoy totalmente inservibles e inoperantes.
La llamada contaminación visual parece importar muy poco a las empresas de telefonía, pero también a las autoridades de Desarrollo Urbano de los ayuntamientos, quienes deberían proceder contra ellas para que retiren dichos equipos o, en su defecto, hacerlo directamente. Sin embargo, el esfuerzo municipal ha sido, en muchos casos, inexistente.
Además de la contaminación visual, estas casetas ocupan espacio en las banquetas y solo estorban a la población transeúnte, obligándola a caminar fuera de ellas, con riesgos mayores, sobre todo para personas en situación de vulnerabilidad o con alguna discapacidad.
Aproximadamente desde hace dos décadas, y de manera más marcada por la accesibilidad de la población a la telefonía celular y a otras vías de comunicación, las casetas telefónicas en la vía pública se han vuelto obsoletas.
El reglamento de Desarrollo Urbano municipal en todos los ayuntamientos del estado establece que deben cumplirse permisos y licencias para la colocación o permanencia de este tipo de mobiliario urbano, lo cual difícilmente se cumple en la práctica.
Se sabe que algunas administraciones municipales han realizado acciones para el retiro de este tipo de casetas, previo proceso administrativo, notificando a las empresas de telefonía y otorgándoles un plazo perentorio para retirarlas. Concluido ese lapso, y de no hacerlo, la autoridad municipal tiene la atribución de retirarlas. Esto sería agradecido por los peatones y favorecería la imagen urbana y otros factores de salud física y social, pero en la mayoría de los casos no se hace.
La atención y actualización de los mecanismos en los servicios públicos municipales en Veracruz requieren también de la participación ciudadana, aportando denuncias sociales y comunitarias, pues temas como ecología, medio ambiente y limpieza visual y urbana no deben dejarse únicamente en manos de las autoridades municipales.
DE SOBREMESA
Pasado el primer año del ejercicio del gobierno estatal encabezado por la Ingeniera Rocío Nahle, se ha venido hablando de cambios y ajustes en el engranaje de la maquinaria oficial, y la titular del Poder Ejecutivo ha salido a atajar esas versiones al precisar que cuenta con un equipo sólido y eficiente.
Sin caer en especulaciones, lo cierto es que Nahle García ha dejado en claro desde el inicio que es exigente con sus colaboradores y colaboradoras, y que busca información transparente, clara y directa de cada área de gobierno, pues sabe que solo con esas herramientas podrá tomar las decisiones que mejor convengan a Veracruz.
En el oficio público y político, quien o quienes no funcionan, tarde o temprano se acercan a la puerta de los relevos. Aunque también es cierto que, en ocasiones, la intriga tiene el sueño tan ligero que no duerme, provoca socavones, pero no es eterna, y los intrigantes de hoy pueden ser las reses de mañana.
¡ES CUANTO!
enriquezambell@gmail.com;
enamjl62@gmail.com
