Maduro, ‘El Chapo’ y García Luna
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
De la salpicadera que ha comenzado a desatar la polémica detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro, no quedaría exento prácticamente ninguno de los regímenes del PAN, PRI y Morena que en los últimos 20 años han gobernado a México.
Y es que, por ejemplo, ayer el diario Milenio publicó una historia basada en el expediente mexicano PGR/SIEDO/UEIDCS/071/2006 y en la acusación 1:25-cv-20040 contra Maduro en el Distrito Sur de Nueva York, la cual se refiere a un avión bimotor tipo DC-9 que el 9 de abril de 2006 despegó del Aeropuerto Internacional de Caracas, Venezuela.
El sorpresivo aterrizaje en Ciudad del Carmen, Campeche, de este avión cargado de cocaína cruzó los caminos de tres personas muy distintas: Nicolás Maduro, un legislador venezolano que siete años después sería presidente de su país; Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa, y Genaro García Luna, entonces jefe de la Policía Federal Preventiva (PFP) y quien siete meses más tarde sería el poderoso secretario de Seguridad Pública en el gabinete presidencial del panista Felipe Calderón.
En lugar de pasajeros, el copiloto venezolano Miguel Vicente Vázquez Guerra identificó que el avión llevaba pilas de maletas azules y negras que, en total, portaban 5.5 toneladas de cocaína que debían ser entregadas al Cártel de Sinaloa.
Mientras el avión estuvo en el aire, al menos cuatro agentes de la PFP, ascendidos en los tiempos en que García Luna fungió como coordinador general, pusieron en marcha el plan para el aterrizaje en México. Necesitaban un aeropuerto donde tuvieran sobornados a inspectores de la Policía Fiscal para que no hicieran revisiones al contenido del avión proveniente de Venezuela.
El plan original era usar el Aeropuerto Internacional de Toluca, pero el ofrecimiento económico a los inspectores no fue aceptado de último momento, así que echaron a andar un plan de contingencia: que el avión hiciera escala en otro aeropuerto mexicano para que el vuelo fuese registrado como nacional y que la Policía Fiscal –encargada de inspeccionar vuelos internacionales– no les estorbara hasta el destino final y lugar de entrega de la droga, que era el Estado de México.
El cambio inesperado hizo que los agentes de la PFP tomaran una decisión apresurada y eligieran para aterrizar el Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán.
Así se lo comunicaron al piloto, quien anunció a las autoridades aeroportuarias su cambio de destino. Apenas lo hizo, recibió una nueva instrucción: era mejor llegar a una “plaza” controlada por el Cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán. Así que debía pilotear hacia el Aeropuerto Internacional Ingeniero Alberto Acuña Ongay, de Ciudad del Carmen, Campeche.
Fueron dos cambios de destino en minutos, que la tripulación no puede justificar por una falsa falla mecánica. El avión estaba en perfectas condiciones. Por ello los cambios en el plan de vuelo prendieron las alertas en las oficinas en México de la agencia antidrogas estadunidense (DEA), que de inmediato alertó a sus homólogos mexicanos.
Cuando el avión llegó a la pista de aterrizaje, ésta ya se encontraba rodeada por agentes del Ministerio Público Federal que, ayudados por militares y binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, sacaron del avión 128 maletas repletas de polvo blanco comprimido.
Al mismo tiempo, esposaron al copiloto venezolano Vázquez Guerra y a los pilotos mexicanos Fernando Poot Pérez y Marcos Pérez de Gracia, quienes oficialmente estaban adscritos a la Comisión Nacional del Agua a pesar de contar con antecedentes penales por narcotráfico.
La indecisión de los agentes corruptos de la PFP le costó al Cártel de Sinaloa un cargamento con un valor cercano a los 700 millones de dólares.
A pesar del golpe financiero, los tres involucrados en esa fallida operación crecieron en los meses siguientes durante el mismo año 2006: Maduro se convirtió en el canciller de Venezuela y posteriormente sucedió en la Presidencia a Hugo Chávez; García Luna se erigió en el “arquitecto de la guerra contra el narco” del presidente Calderón, y Joaquín Guzmán Loera se consolidó como el narcotraficante más famoso y poderoso del mundo. Hasta ahora, los tres se encuentran recluidos en prisiones de Estados Unidos por tráfico de drogas y “narcoterrorismo”.
DESTITUYEN A FISCAL DE COATZA ABUSIVA; ¿Y EL JUEZ?
Ayer trascendió que en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz decidieron cortar por lo más sano al destituir a la fiscal regional de Coatzacoalcos, Karla Díaz Hermosilla, la cual se hizo nacional e internacionalmente famoso al reportero de nota roja Rafael “Lafita” León Segovia por acusarlo de “terrorismo”.
Díaz Hermosilla se desempeñaba en ese cargo desde marzo de 2024 tras ser nombrada por la anterior fiscal general Verónica Hernández Giadáns, recién sustituida por la magistrada con licencia Lisbeth Jiménez Aguirre, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Según fuentes extraoficiales, su relevo estaría relacionado con el mal manejo del caso del reportero policiaco, a quien la ex funcionaria intentó vincular por el delito de “terrorismo”, cuya pena rebasa los 30 años de prisión.
La tarde de ayer, el influencer José Díaz Machuca posteó en su cuenta de X, antes Twitter, que hasta el momento la FGE no había emitido una postura oficial sobre la destitución de la fiscal regional de Coatzacoalcos, aunque se esperaba una confirmación en las próximas horas.
Publicó que, de manera preliminar, se indicó que el licenciado Lauro Huidobro asumiría como nuevo titular de la Fiscalía Regional de la Zona Sur del estado de Veracruz.
El caso de “Lafita” León cobró notoriedad cuando Díaz Hermosilla acusó de “terrorismo” al periodista de la fuente policiaca, imputación que posteriormente tuvo que ser rechazada por un juez de control luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Rocío Nahle y organizaciones periodísticas de México y del extranjero la consideraron excesiva, inexplicable y disparatada.
Sin embargo, el periodista enfrenta actualmente otros cargos por los que se encuentra bajo la medida cautelar de arraigo domiciliario.
¿Y al juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores, que inicialmente validó la imputación por “terrorismo” y otorgó la orden de aprehensión solicitada por la fiscal contra el reportero “Lafita” León Segovia no lo van a sancionar?
“O todos coludos, o todos rabones”, como bien reza el sabio dicho popular.
