Juan David Castilla
La disputa por la delimitación de la zona federal marítimo-terrestre ha generado un clima de tensión entre la comunidad de pescadores y la familia Espinoza Figueroa, en Pueblo Viejo. El núcleo del conflicto reside en la restricción de accesos a áreas que, por ley, son de libre tránsito.
Según los testimonios de los trabajadores del mar, la familia propietaria de los terrenos colindantes ha establecido barreras que impiden el ejercicio de su actividad económica y el disfrute público de la playa, contraviniendo lo estipulado en la Ley de Bienes Nacionales, la cual garantiza que las playas mexicanas son bienes de uso común y su acceso no puede ser condicionado por intereses privados.
La inconformidad social ha escalado debido a los señalamientos de un presunto favoritismo político que ha trascendido administraciones.
Los denunciantes sostienen que este blindaje a los intereses de la familia Espinoza Figueroa comenzó durante el trienio de la exalcaldesa Valeria Nieto Reynoso y, para sorpresa de los habitantes, se mantiene vigente bajo el nuevo gobierno de María de los Ángeles Hernández.
El hecho de que ambas administraciones pertenezcan al mismo proyecto político ha generado suspicacias entre los pescadores, quienes perciben una continuidad en la omisión de las autoridades locales para hacer valer la normativa federal sobre el libre acceso a las costas.
Desde una perspectiva legal, la delimitación entre la propiedad privada y la zona federal es una tarea técnica que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, la gestión de los accesos y la mediación en los conflictos sociales son facultades que recaen en el ayuntamiento.
Los pescadores argumentan que, al no intervenir, el gobierno municipal está permitiendo que una propiedad privada se extienda de facto sobre terreno nacional, afectando el sustento de decenas de familias que dependen de la pesca artesanal y que ahora se ven obligadas a buscar rutas alternativas o enfrentar la vigilancia privada de los terrenos.
Ante este panorama, los afectados exigen una revisión técnica inmediata de las colindancias y una postura clara por parte de la alcaldesa María de los Ángeles Hernández.
El llamado es a que prevalezca el interés público sobre las concesiones políticas, garantizando que la zona federal marítimo-terrestre no sea tratada como una extensión del jardín de un particular.
