Columna invitada
Por JVZP
Rocío Nahle García está construyendo un perfil político claro: el de una gobernadora que entiende que ejercer el poder también implica poner límites. Decir no cuando corresponde. No al chantaje, no al desorden, no a los intereses que durante años intentaron condicionar decisiones públicas.
Esa postura empieza a reflejarse en la percepción ciudadana. En enero de 2026, la mandataria alcanzó 59.2% de aprobación y se ubicó en el lugar 12 del ranking nacional de gobernadores, de acuerdo con Demoscopia Digital. Más allá de la cifra, el dato muestra un elemento relevante: su gobierno comienza a consolidarse en un entorno político complejo, donde cada decisión tiene costo y cada error se cobra rápido.
Uno de los episodios que reforzó esa narrativa fue su decisión de frenar los intentos de imponer aumentos irregulares en el transporte público en la zona Veracruz–Boca del Río. No fue una medida cómoda, ni resultado de una negociación tibia. Fue una determinación firme que la ciudadanía interpretó como defensa del interés colectivo.
El mensaje fue directo: la movilidad no es un privilegio, es un derecho.
Y ese tipo de decisiones explican el respaldo que hoy sostiene su administración. La ciudadanía no premia solo discursos; premia autoridad y carácter, especialmente cuando se enfrentan prácticas que durante años se normalizaron.
Veracruz, acostumbrado a gobiernos que administraban conflictos sin resolverlos, empieza a observar otra lógica: una gobernadora que asume costos políticos para imponer orden.
Por eso crece en las encuestas. No porque busque agradar, sino porque toma decisiones y las sostiene.
Y en política, esa diferencia suele ser decisiva.
Por eso crece en las encuestas. No porque busque agradar, sino porque toma decisiones y las sostiene.
Y en Veracruz, donde durante años el poder se negoció más de lo que se ejerció, eso no es menor: eso es gobernar.
