Ahued: un ‘cadaver’ en el clóset
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
Desde hace un mes, luego de que estallara el escándalo mediático de los cárteles inmobiliarios que operan en contubernio con jueces, funcionarios del Registro Público de la Propiedad y notarios en Xalapa y Coatepec, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, ha venido deslindándose y reiterando que “yo no soy tapadera de nadie y de ningún abogado”, y asegurando que desde la Segob a su cargo “nosotros no nos prestaremos de ninguna manera a tolerar a algún funcionario que esté coludido”.
El ex alcalde xalapeño parece estar decidido a cumplir su palabra, pero falta que lo dejen llegar hasta el fondo de este problema que hizo crisis en este sexenio pero que fue encubierto y dejado crecer en el anterior, el del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Por ahí debe estar empolvada, por ejemplo, la carpeta de Investigación FIM/F8/140/2022 del índice de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, de la FGE, que integró la extitular Marcela Aguilera por probables actos de corrupción. En ella es señalado un compañero actual de gabinete de Ricardo Ahued: David Agustín Jiménez Rojas, ex director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, quien
el 30 de junio del año pasado fue designado subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEV.
Jiménez Rojas, quien después de ser echado de la Segob fue promovido como comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) que inclusive antes de ser desaparecido llegó a presidir el órgano autónomo, se le acusó de formar parte de una red de corrupción que operaba desde las entrañas del Registro Público de la Propiedad, donde a través de falsificación de documentos se legalizaba el despojo de predios ubicados en los municipios de Actopan, Puente Nacional, La Antigua, Xalapa y Alto Lucero, beneficiándose a personajes poderosos con la adjudicación de los terrenos a cambio de millones de pesos.
Sin embargo, Jiménez Rojas sigue impune, no obstante que se publicaron dos cartas abiertas dirigidas al entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador García Jiménez para solicitarles su intervención y que se hiciera efectiva una orden de aprehensión en contra de quien todavía despachaba como titular del IVAI.
“Exigimos justicia por el despojo de nuestras propiedades cometido por el ex Director del Registro Público del Gobierno del Estado, David Jiménez Rojas y demandamos se cumpla orden de aprehensión. @FGRMexico”, exigían en las publicaciones que se viralizaron en su momento.
En dichas cartas señalaban que eran al menos ocho los afectados por el despojo ilegal que realizó Jiménez Rojas, a quien acusaban de haber utilizado documentos falsos, firmas ilegales y registros oficiales de otras regiones para “robar” ranchos ganaderos, terrenos y propiedades en cuatro municipios.
Uno de estos casos, decía la carta abierta, fue denunciado en el año 2019 y se refería a un rancho de más de 20 hectáreas ubicado en el municipio de Puente Nacional, donde la autoridad competente determinó responsabilidad legal y penal de Jiménez Rojas, y el juez emitió una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada hasta el día de hoy.
Ante esta situación solicitaron que se ejecutara la orden de arresto y se castigara a los responsables, además de que se devolvieran de inmediato las propiedades.
Asimismo, acusaron a Jiménez Rojas de delincuencia organizada, pues participó de manera reiterada en los hechos delictivos, coludido con personas que ocuparon con violencia y armas de fuego dichas propiedades.
Al entonces gobernador García Jiménez le pidieron su intervención para que estos casos no quedaran en la impunidad y que se castigara a Jiménez Rojas, pero hasta el momento sigue impune, actualmente protegido como subsecretario de la SEV.
Ahora, casi tres años después, Ahued afirmó que no tolerarán la colusión de servidores públicos en este tipo de prácticas y dijo que cada autoridad deberá asumir su responsabilidad en caso de confirmarse actos irregulares, reiterando que no permitirá la impunidad en ningún sentido, “trátese de quien se trate”. Y exhortó a los afectados a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado por los posibles atropellos, presentando las pruebas que tengan para poder ir tras los responsables.
¿Le tomarán la palabra?
EL ÚLTIMO ‘POLLOTÓN’ DE DOÑA ‘PATITA’ LOBEIRA
Con la seguridad de que su ex marido, el senador ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez negoció a cambio de impunidad para toda su familia el voto 86 que Morena necesitaba para alcanzar la mayoría calificada que constitucionalmente se requería para aprobar la reforma judicial en la Cámara alta del Congreso de la Unión en septiembre de 2024, la ex alcaldesa del puerto de Veracruz, Patricia Lobeira, del PAN, tomó en los últimos días de su administración municipal una serie de decisiones cuestionadas hasta por sus propios asesores, en beneficio de una empresa de la Ciudad de México que lo mismo revende pollos a sobreprecio que hace encuestas a modo.
El reportero Miguel Ángel León Carmona, del medio digital La Silla Rota, acaba de publicar que a una semana de que concluyera su cuatrienio, Lobeira se despidió entregando 30 mil pollos enteros, de dos kilogramos cada uno, a familias porteñas entre el 24 y 26 de diciembre pasado. “Antes de irme quería despedirme con buenos programas para la ciudadanía y uno de ellos es la entrega de pollos; un esfuerzo enorme que hace el Ayuntamiento, pero que estoy segura vale la pena”, les dijo la aún alcaldesa de Acción Nacional a los vecinos de la colonia Herradura, donde echó a andar el programa “Pollotón” que le costó a las arcas municipales 6 millones de pesos.
Lobeira desoyó a sus asesores, quienes le recomendaron no echar a andar ese programa porque ya estaba por terminar su administración. Pero no les hizo caso. Y, para colmo, en vez de apoyar a los productores y comercios locales, decidió contratar a una empresa de la Ciudad de México llamada Dos Veruchi, S.A. de C.V, que además de ser proveedora de alimentos también ofrece otras 40 actividades comerciales con el gobierno federal, así como con gobiernos estatales y municipales. Sus actividades van desde la redacción de discursos políticos, realización de encuestas en procesos electorales, campañas políticas, asesoría de imagen, gestión estratégica de relaciones con medios de comunicación y hasta la realización de cabildeos (lobbying) con el sector público y privado. Sin embargo, pese a la amplia gama de servicios que oferta, la marca carece de una página oficial en internet.
Pero eso no es todo, de acuerdo con documentos públicos consultados por el reportero de La Silla Rota, la empresa chilanga habría revendido los 30 mil pollos al ayuntamiento presidido por Patricia Lobeira, ya que las unidades que entregó eran de la marca Pilgrim’s, productos que se pueden encontrar en supermercados del puerto de Veracruz a precios considerablemente más bajos.
Pese a estas anomalías, el gobierno de Lobeira benefició a la empresa Dos Veruchi con al menos otro par de contratos, correspondientes a la compra de aguas y sueros para la hidratación en el Carnaval de Veracruz de 2023 y el Operativo de Semana Santa de 2024, por un monto de casi millón y medio de pesos.
La gran interrogante es si el blindaje político-judicial que hace cinco meses les habría ofrecido el entonces coordinador del Senado, Adán Augusto López, al senador Yunes Márquez para él y toda su familia seguirá vigente, ¿o será que en Veracruz haya caducado tras la sorpresiva renuncia del polémico tabasqueño al liderazgo de la Cámara alta del Congreso de la Unión?
