En la mira, notario de Ayahualulco
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
Ante el escándalo mediático detonado el mes antepasado por las denuncias contra los llamados “cárteles inmobiliarios” que impunemente vienen operando en Xalapa y Coatepec, acusados de promover despojo de terrenos urbanos o desalojos de casas-habitación en presunta colusión con jueces y funcionarios del Registro Público de la Propiedad corruptos, así como con fedatarios que han violado flagrantemente la Ley del Notariado, el viernes 30 de enero pasado el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, publicó en el número extraordinario 044 de la Gaceta Oficial del Estado el acuerdo que establece el Calendario de Visitas Generales para la Supervisión Notarial a Notarios Titulares, Adscritos o Suplentes en funciones del Estado de Veracruz.
Según se especifica en dicho acuerdo, la supervisión notarial será para revisar e inspeccionar los instrumentos contenidos en el protocolo; los apéndices e índices de los instrumentos contenidos en el protocolo; el protocolo, para cerciorarse de la observancia de los requisitos legales de forma; razones de apertura y cierre por parte del Notario titular, adscrito o suplente en funciones, de los libros de protocolo; verificación de la razón de cierre por parte de la Dirección General, tratándose de los libros de protocolo, y para el caso del libro de registro de certificaciones, la autorización correspondiente; acreditación que los impuestos o derechos fueron enterados oportunamente en los instrumentos revisados; tratándose de los apéndices, que se encuentren integrados y compilados; en el caso de los índices, que sean llevados de manera electrónica y física, bien en forma general o por libro, donde se haga constar las certificaciones y los instrumentos autorizados, por orden alfabético o cronológico, con expresión del número de escritura, acta o certificación, libro y folio donde se asentó, nombre de los otorgantes y naturaleza del acto o hecho jurídicos; la comprobación de la existencia del letrero y del arancel con las características establecidas en la Ley; el sello de autorizar, que deberá reunir las características fiscales señaladas en la Ley y tendrá inscrito en derredor el nombre completo del Estado y del Notario, así como el número y lugar de adscripción de la Notaría; y los avisos de testamento para constatar que se hayan presentado oportunamente a la Dirección General, ya sea de manera física o electrónica, dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de su realización.
Así que los jueces, funcionarios del Registro Público de la Propiedad y notarios que también se han prestado a estos y otros cochupos deberán poner sus barbas a remojar, porque a raíz del escándalo de los “cárteles inmobiliarios” el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, ha reiterado que “yo no soy tapadera de nadie y de ningún abogado”, y asegurando que “nosotros no nos prestaremos de ninguna manera a tolerar a algún funcionario que esté coludido”.
Pero habrá que ver hasta dónde dejan llegar al ex alcalde xalapeño con su espada justiciera, pues la semana pasada referíamos, por ejemplo, que desde hace más de tres años está empolvada la carpeta de Investigación FIM/F8/140/2022 del índice de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, de la FGE, que integró la ex titular Marcela Aguilera en contra de David Agustín Jiménez Rojas, ex director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, quien desde el 30 de junio del año pasado despacha como subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEV, el cual fue acusado de formar parte de una red de corrupción que falsificaba documentos para legalizar el despojo de predios ubicados en los municipios de Actopan, Puente Nacional, La Antigua, Xalapa y Alto Lucero, beneficiándose a personajes poderosos con la adjudicación de los terrenos a cambio de millones de pesos.
Y, ahora, ha trascendido que Jiménez Rojas estaría implicado en un escandaloso caso de un fraudulento testamento que inscribió extemporáneamente José Alberto Pólito Sánchez, titular de la Notaría Pública número 10, de Ayahualulco.
El instrumento público número 4616 fue escriturado el 28 de diciembre de 2015, pero aparece registrado hasta el 6 de noviembre de 2018 en el libro 120 que el notario Pólito Sánchez remitió al Archivo General de Notarías el 13 de mayo de 2019 junto con otros 79 libros que tampoco había cerrado. El testamento, que de acuerdo con el artículo 140 de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz debió ser inscrito en un término de diez días hábiles, fue registrado hasta tres años después y validado ilegalmente por el Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías que ya dirigía Jiménez Rojas.
Lo grave es que, por este caso, hay una denuncia penal por los delitos de homicidio de comisión por omisión, y por fabricación de testamento falso, según la carpeta de investigación FGE/FIM/CI/08/2020, radicada en la Fiscalía primera de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. Y es que familiares de la fallecida testadora –Dina María Escobar Herrera, una conocida cirujana dentista xalapeña que murió a los 85 años de edad y no tenía hijos– acusan a dos de sus sobrinos de haberla tenido prácticamente secuestrada, de no procurarle la atención médica ante su inmovilidad física y deteriorada salud, y de forzarla a cambiar su testamento, para lo cual la llevaron hasta la Notaría 10 de Ayahualulco, cuando alrededor de su domicilio, ubicado en la calle de Felipe Carrillo Puerto número 23, en pleno centro histórico de Xalapa, se localizan por lo menos tres fedatarios, con uno de los cuales tenía mayor confianza porque ya había acudido con él para otros trámites notariales.
Además de su vivienda en la zona centro de la capital veracruzana, entre los bienes con los que contaba la doctora Escobar Herrera figura otro lote urbano, un rancho de más de diez hectáreas llamado “Barranca Honda”, ubicado en la congregación de La Esperanza, en el municipio de Actopan, y un hato de ganado vacuno.
