Hora cero
FGE: ¿daño patrimonial?
Luis Alberto Romero
El escenario que enfrenta la ex titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández, no le podría ser más desfavorable.
Hace poco más de dos meses fue relevada del cargo tras una reforma a la ley, que precipitó su salida antes de cumplirse el periodo de nueve años para el que fue nombrada.
Su etapa al frente de la FGE se caracterizó por todo tipo de cuestionamientos, desde el presunto uso político del cargo para perseguir a los adversarios del anterior gobierno del Estado, hasta el desprecio a las víctimas y la desatención sistemática a las recomendaciones emitidas por los organismos defensores de los derechos humanos.
A pesar de todas las quejas en su contra, contra viento y marea, desde la Secretaría de Gobierno sostuvieron a Hernández Guiadáns en la Fiscalía.
Hoy, a propósito de la difusión de los resultados de la auditoría correspondiente al ejercicio 2024, el nombre de Verónica Hernández volvió a ser blanco de señalamientos.
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 35 millones de pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2024 de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
El monto observado representa poco más del 27 por ciento de los recursos federales auditados, que ascendieron a 130.5 millones de pesos, correspondientes principalmente a gasto en servicios personales, materiales, suministros, servicios generales y bienes muebles.
Entre las principales inconsistencias se encuentran pagos a personal que no acreditó cumplir con los requisitos profesionales establecidos para el cargo desempeñado, lo que contraviene la normativa interna de la institución.
La auditoría también identificó anomalías en la administración de combustible, con registros de cargas previas a la vigencia de contratos, consumos realizados fuera del estado y suministros asignados a vehículos que no aparecen en el padrón oficial de la dependencia.
No es todo, la ASF observó irregularidades en la adquisición y asignación de unidades vehiculares, cuya distribución no coincidió con los dictámenes de autorización correspondientes.
Otro de los rubros señalados fue el pago de servicios de impresión que no se habrían ejecutado en los términos pactados contractualmente, lo que exhibió deficiencias en los controles administrativos y en la supervisión del gasto.
De acuerdo con los resultados de la fiscalización, la Fiscalía no logró comprobar que los recursos se ejercieron conforme a la norma.
Ante estas observaciones, la Auditoría promovió las acciones correspondientes para que la Fiscalía aclare el destino de los recursos o, en su caso, reintegre los montos señalados.
El peor escenario para Verónica Hernández aún está por llegar, el proceso de fiscalización abre la posibilidad de responsabilidades administrativas si no se solventan las inconsistencias detectadas.
En pocas palabras, de no solventar las observaciones, éstas se convertirán en un presunto daño patrimonial.
Y todavía falta la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2025, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
@luisromero85
