Joana Marlen: blindaje federal
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
A principios de noviembre de 2025, la ex directora general de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Joana Marlén Bautista, quien acababa de ser nombrada coordinadora de Compras en el Extranjero del Metro de la Ciudad de México por el flamante director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, reaccionó como leona herida porque presuntos operadores mediáticos del ex diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, que actualmente está a cargo de la Delegación de la Secretaría de Bienestar en la entidad, así como de la entonces magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien ahora encabeza la Fiscalía General del Estado, cuestionaron su nuevo nombramiento debido a que supuestamente estaba inhabilitada por 10 años para ocupar un puesto público tras las denuncias presentadas en su contra y de otros tres de sus ex colaboradores –Elvis Viveros Arroyo, ex jefe del Departamento de Servicios Generales; Ofir Aly Gutiérrez Ponce, ex subdirector de Recursos Materiales, y Manuela Saldaña Ríos, ex subdirectora de Recursos Financieros– por presuntos desvíos millonarios en el TSJE durante el sexenio anterior.
Bautista Flores recriminó en sus redes sociales que ésta “es la cuarta vez que hacen una campaña negra en mi contra”, remarcando que “no estoy inhabilitada”, “no tengo denuncias” y exigiendo que “ya basta de tanta violencia que hicieron y siguen haciendo en mi contra”.
Amagó con que “voy a denunciar a los servidores públicos que se (sic) que estan (sic) atrás y a los mismos periodistas que llevan 4 años violentandome (sic)”.
Aseguró saber bien quién está “atrás de todo esto” y mencionó directamente al ex líder del Congreso local y actual delegado federal Gómez Cazarín, y a la ex presidenta del Poder Judicial, Jiménez Aguirre, quien desde diciembre pasado es la Fiscal General del Estado.
“Ella y todo su equipo que paga notas desde el organo (sic) administrativo del PJ de Veracruz y por si (sic) puesto desde bienestar (sic)”. Inclusive acusó que “el odio” en contra de ella “es porque en su momento yo no iba a firmar actos de corrupción ni darles contratos a empresas fantasma”.
Finalmente clamó: “Dejenme (sic) en PAZ!”. Y finalizó advirtiendo: “Si es necesario hablar con la Presidenta de la República lo haré. Pero sepan que ya se acabo (sic), a partir de ahora si me pasa a mi (sic) o a mi familia los señalo directamente a ellos. Ya basta de violencia y mentiras”.
También difundió un par de documentos para tratar de demostrar que no estaba inhabilitada. Uno fue la Constancia No. 53830, fechada el 04 de agosto 2025 en la Ciudad de México y firmada por Sofía Karina Rosas Loza, designada para dar atención a los asuntos a cargo de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas mediante oficio SCG/396/2024 de fecha 30/DIC/2024.
En dicho documento, Rosas Loza asentaba: “En atención a su solicitud recibida el 04 de agosto de 2025, mediante la cual solicita le sea expedida la Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación: esta Dirección de Situación Patrimonial, con fundamento en los dispuesto en el artículo 257 fracción XII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y en cumplimiento al artículo 27, último párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, hace constar que, una vez revisado el Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Administración Pública de la Ciudad de México, no se localizó a esta fecha registro que determine que usted se encuentre inhabilitado (a), para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.”
El otro documento era un oficio que, fechado también en la Ciudad de México, le dirigió una semana antes, el martes 04 de noviembre de 2025, a la Mtra. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el cual, con base en diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, le solicitaba que “se sirvan tener a bien retirar mi nombre de la Plataforma Digital Nacional de Personas Sancionadas, toda vez que, como se acredita con las constancias que refiero y anexo al presente escrito, no me encuentro sancionada ni inhabilitada”, lo que dejó entrever que su nombre sí aparecía en dicha plataforma, derivado presuntamente del Procedimiento Administrativo Sancionador número 29/2024, que sus presuntos detractores divulgaron.
Anteayer, varios medios difundieron que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en la Plataforma Digital Anticorrupción de Veracruz, informó que 15 personas fueron sancionadas con inhabilitación para ejercer cargos públicos en la entidad: una de la Secretaría de Salud, otra de la Secretaría de Turismo, una más del Ayuntamiento de Tlilapan y 12 del Poder Judicial del Estado, entre las que precisamente figura Bautista Flores, quien no podrá ocupar cargos gubernamentales en el estado hasta después del 9 de septiembre de 2034.
Habrá que ver si la blinda y sostiene el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava Suárez, un ex priista que como alcalde de Cuajimalpa en la Ciudad de México le fue observado por la Auditoría Superior de la Federación un posible desfalco por más de 1,088 millones 596,073 pesos durante 2024, el último año de su gestión.
