Juan David Castilla
La profesora Susan Cervantes Baizabal protestó frente a Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, para denunciar el presunto despojo arbitrario de su plaza docente en el jardín de niños «Juan Amelia Celis», ubicado en la localidad Chavarrillo, municipio de Emiliano Zapata.
Con 14 años de servicio ininterrumpido, la profesora explicó que su conflicto laboral se originó en 2024, tras un periodo de enfermedad debidamente avalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sin embargo, acusa que la falta de gestión administrativa de sus representantes sindicales provocó que sus ausencias fueran registradas como faltas injustificadas ante la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), derivando en el cese de sus funciones mientras ella se encontraba vulnerable por motivos de salud.
La docente señaló directamente a los dirigentes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), identificando a Francisco Hernández Solís, Genovevo Zapot Zapot y Oscar Rivera Óvula como los responsables de no haber entregado la documentación oficial ante la SEV.
A pesar de contar con un dictamen del Consejo Consultivo del IMSS que avala una incapacidad retroactiva de 49 días (del 8 de enero al 25 de febrero de 2024), la maestra afirma que el sindicato retuvo el documento y le dio largas bajo la promesa de que su plaza estaba «en resguardo».
Esta omisión administrativa no solo resultó en la pérdida de su empleo, sino que ha dejado a Cervantes Baizabal, quien es madre soltera, sin el sustento económico para su hija desde hace más de un año.
La profesora reiteró que su lucha busca sentar un precedente sobre el manejo de las plazas docentes y la responsabilidad de las dirigencias sindicales en la protección de sus agremiados.
Manifestó sentir temor por posibles represalias en su contra o hacia su familia tras hacer pública la denuncia, pero enfatizó que la transparencia en los procedimientos de la SEV es fundamental para restituir sus derechos laborales.
La manifestante pidió a las autoridades estatales que no permitan que negligencias administrativas de terceros destruyan trayectorias docentes de más de una década y afecten el bienestar de las familias veracruzanas.
