CNDH exige a la Fiscalía de Veracruz acatar Recomendación por deficiencias en casos de personas desaparecidas de 2016 a 2021

  • La negativa de la Fiscalía de aceptar una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal impide la reparación del daño a las víctimas
  • La CNDH determinó que la Fiscalía debe cumplir en su totalidad el instrumento recomendatorio en un lapso de 15 días hábiles

Redacción Hora Cero

En la Recomendación 4/2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exige a la Fiscalía General del Estado de Veracruz aceptar y cumplir en su totalidad un pronunciamiento similar, emitido por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, relacionado con fallas y omisiones en la investigación de varios casos de
desaparición de personas.

Entre noviembre de 2016 y marzo de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) recibió diversas quejas en las que se denunciaban presuntas violaciones de derechos humanos por parte de personas servidoras públicas de la Fiscalía en las indagatorias para determinar el paradero de personas víctimas de desaparición.

Una vez integrados los casos en una sola queja, el organismo estatal emitió la Recomendación 040/2024 a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía local, sin embargo, esta última se negó a aceptar y cumplir el documento.

Ante esa situación, cuatro de las víctimas presentaron un Recurso de Impugnación ante esta Comisión Nacional. Al analizar los casos, se acreditaron violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, así como a una vida libre de violencia institucional en agravio de 36 víctimas indirectas; además del derecho de toda persona a ser buscada, en perjuicio de cinco víctimas directas.

La CNDH advirtió que la negativa de aceptación de la Recomendación emitida por la CEDH afecta la eficacia del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, previsto en el artículo 102, apartado B de la Constitución, y contraviene la obligación de todas las autoridades, sin excepción alguna, de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, establecida en el artículo primero de la Constitución.