Juan David Castilla
El exfiscal general de Veracruz, Jorge “N”, enfrenta una nueva imputación penal por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias, por lo que continuará recluido en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.
Durante la audiencia inicial celebrada en los juzgados de Pacho Viejo, un juez de control dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada, ordenando que el imputado permanezca recluido en dicho centro penitenciario.
La Fiscalía General del Estado sostiene que el exfuncionario desempeñó el cargo de alta dirección entre diciembre de 2016 y septiembre de 2019 sin contar con la certificación de control y confianza emitida por un centro federal avalado, requisito de permanencia estipulado por la ley para mandos superiores en instituciones de procuración de justicia.
La acusación señala que, en agosto de 2019, Jorge “N” presuntamente instruyó a personal subordinado de la propia institución para que le practicaran evaluaciones de confianza tanto a él como al entonces fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, con el fin de simular el cumplimiento del requisito legal.
Estos procedimientos, realizados de manera interna y no por instancias federales facultadas, habrían derivado en la emisión de documentos apócrifos para validar su permanencia en el cargo.
Aunque el exfuncionario yunista ha sostenido históricamente que sí fue evaluado bajo los términos de la ley en el centro de control estatal, la autoridad judicial ha fijado el próximo 23 de marzo como la fecha límite para determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por esta nueva causa penal.
Jorge “N”, quien fuera nombrado durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, acumula con esta acción una serie de procesos abiertos que han marcado su situación jurídica desde su detención en Puerto Escondido, Oaxaca, en julio de 2022.
Cabe recordar que el exfiscal ya enfrenta cargos previos por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, así como por el delito de tortura, ambos en agravio de quien fuera jefe de escoltas del fiscal precedente, Luis Ángel Bravo Contreras.
Estas causas penales se mantienen vigentes y han sido el motivo principal de su reclusión prolongada, sumándose ahora los señalamientos por irregularidades administrativas y administrativas durante su gestión al frente del organismo autónomo.
La resolución que se emita el 23 de marzo será determinante para definir el rumbo de su situación legal a corto plazo, en un caso que ha sido emblemático para la política y la justicia en Veracruz.
La separación de su cargo en septiembre de 2019 por parte del Congreso local, fundamentada precisamente en la falta de requisitos de permanencia, constituye el antecedente directo de esta nueva imputación.
Mientras tanto, la defensa técnica del imputado se prepara para la audiencia de vinculación, en un escenario donde la Fiscalía busca asentar un precedente sobre la obligatoriedad de los controles de confianza para los titulares de los órganos encargados de hacer cumplir la ley en la entidad.
