Juan David Castilla
Integrantes de 15 organizaciones sindicales del sector salud en Veracruz protestaron y bloquearon la calle Enríquez en el centro de Xalapa, para demandar una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García en busca de certeza jurídica y laboral para los más de 24 mil trabajadores que serán transferidos de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) al nuevo esquema federalizado del IMSS-Bienestar.
José Luis Marina Riola, vocero de la Unión de Sindicatos de Servicios de Salud de Veracruz, enfatizó que, aunque el gremio no se opone al proceso de transición, existe una profunda preocupación por la falta de transparencia en las reglas de operación que regirán este cambio administrativo en los próximos meses.
La principal inquietud de los manifestantes radica en la posible vulneración de derechos adquiridos y prestaciones específicas que han consolidado a lo largo de años de servicio.
Entre los puntos críticos que los sindicatos buscan blindar se encuentran el respeto al escalafón laboral, la protección de vacantes presupuestadas y la continuidad de las prestaciones por riesgos profesionales, conocidas técnicamente como el «concepto 30».
Asimismo, los representantes sindicales hicieron hincapié en la defensa de los derechos laborales de las mujeres y la urgencia de definir la situación de antigüedad para el personal que labora bajo esquemas de contrato, muchos de los cuales han esperado por años un proceso de basificación que les otorgue estabilidad definitiva.
Marina Riola señaló que, si bien han existido acercamientos previos con autoridades de Sesver y del IMSS-Bienestar, la información proporcionada hasta el momento ha sido insuficiente para garantizar que no habrá retrocesos en las condiciones generales de trabajo.
