Hora cero
FGE, del uso político al combate a la delincuencia
Luis Alberto Romero
En materia de seguridad y procuración de justicia, los resultados recientes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, encabezada por la magistrada con licencia Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, colocan sobre la mesa un dato difícil de ignorar, la intensidad operativa ha aumentado y comienza a traducirse en cifras concretas.
Tan solo en un lapso de 24 horas, el 26 de marzo, el órgano de procuración de justicia reportó 36 resoluciones judiciales, entre ellas 10 sentencias condenatorias, un fallo condenatorio y 25 vinculaciones a proceso, además de 27 imputaciones, 15 mandamientos judiciales cumplimentados y 20 detenciones en flagrancia; son indicadores que reflejan un ritmo sostenido en la integración de carpetas y su judicialización. No es poca cosa.
A ello se suma una semana particularmente activa; entre el 20 y el 26 de marzo, la Fiscalía acumuló 131 mandamientos judiciales ejecutados, con 73 detenciones en flagrancia y 58 órdenes de aprehensión cumplidas en distintas regiones del estado. Este despliegue no solo habla de presencia territorial, sino también capacidad de coordinación con fuerzas de seguridad, sobre todo en zonas donde históricamente la incidencia delictiva ha sido más complicada.
Pero más allá de la estadística, hay un elemento cualitativo que destaca, el enfoque en objetivos prioritarios. La vinculación a proceso de José Alfredo “N”, identificado como generador de violencia en la región de las Altas Montañas, así como la detención e imputación de Óscar Omar “N”, presunto operador de una célula delictiva en la zona centro de Veracruz, representan golpes directos a estructuras criminales.
Este tipo de acciones, cuando se sostienen en el tiempo, tienden a provocar un impacto mayor que las detenciones aisladas, pues desarticulan redes y no solo eslabones.
En ese contexto, resulta importante el trabajo en áreas como la protección a las mujeres; en el mismo periodo, la Fiscalía reportó múltiples sentencias condenatorias, vinculaciones a proceso e imputaciones en delitos relacionados con violencia de género, lo que plantea un esfuerzo por atender una de las principales deudas históricas del sistema de justicia.
Sin embargo, el reto no está únicamente en detener o judicializar, sino en sostener estos resultados en el tiempo y traducirlos en una disminución real de la incidencia delictiva. Aun con esa reserva, es evidente que la gestión de Lisbeth Aurelia Jiménez comienza a perfilar una Fiscalía más activa, con mayor presencia operativa y mejores niveles de coordinación.
Parece que en la FGE, atrás quedaron los tiempos caracterizados por el uso político del órgano de procuración de justicia; por la persecución sistemática de los personajes que resultaban incómodos a las altas esferas del poder; y por el abuso de figuras como los ultrajes a la autoridad, para llenar las cárceles de infractores menores.
En Veracruz, los números recientes de la FGE marcan la ruta de una institución que, con Jiménez Aguirre al frente, ha dejado atrás una etapa gris, oscura, para moverse de forma contundente en el combate a la delincuencia.
@luisromero85
