Redacción Hora Cero
En un esfuerzo conjunto entre el Poder Legislativo y la sociedad civil organizada, el diputado federal Adrián González Naveda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa de reforma para blindar los recursos provenientes de programas sociales frente a embargos y retenciones bancarias. La propuesta fue trabajada en colaboración con la asociación civil El Barzón, organización que durante décadas ha defendido los derechos de las y los deudores y la protección del patrimonio familiar.
La iniciativa, que adiciona disposiciones al Código Civil Federal, al Código de Comercio y a la Ley de Instituciones de Crédito, establece de manera expresa que los apoyos económicos como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y las Becas Benito Juárez son de carácter alimentario y, por tanto, inembargables, intransferibles e irrenunciables.
El legislador veracruzano subrayó que el objetivo es cerrar un vacío legal que ha permitido que personas en situación de vulnerabilidad, principalmente adultas mayores, vean congeladas sus cuentas por órdenes judiciales derivadas de deudas civiles o mercantiles dictadas de modo precautorio, y previas al conocimiento del fondo del asunto. Es decir, sin haberse concluido un juicio. “Estos recursos no son un privilegio, son un derecho constitucional destinado a garantizar alimentación, salud y una vida digna. No podemos permitir que un tecnicismo legal deje sin comer ni medicinas a quienes más lo necesitan”, declaró González Naveda.
La iniciativa surgió a raíz de casos documentados como el de Myrna, una mujer de 67 años que depende de su pensión para tratar diabetes y síndrome mielodisplásico. Su cuenta fue bloqueada para cubrir un crédito, dejándola sin acceso a sus únicos ingresos. Ante esta realidad, la asociación civil El Barzón ha sido un aliado clave, aportando su experiencia en la defensa de los derechos financieros de las familias mexicanas y respaldando la necesidad de una ley que impida abusos por parte de instituciones financieras y despachos de cobranza.
El diputado destacó que esta iniciativa es producto del diálogo directo con la ciudadanía. “La participación social no es un adorno en la democracia; es el motor que le da pertinencia a nuestro trabajo. Escuchar a organizaciones como El Barzón, que están en el territorio y conocen las injusticias que viven las familias, nos permite construir leyes con pertinencia social”, enfatizó.
La propuesta no solo protege los recursos, sino que también obliga a las instituciones bancarias a establecer mecanismos para identificar y blindar las cuentas donde se depositan estos apoyos, evitando retenciones automáticas. Solo se exceptúan los casos de obligaciones alimentarias (pensión para hijas e hijos) decretadas por un juez, protegiendo así un derecho fundamental sin desproteger otro.
La iniciativa responde a una problemática creciente: la desproporción entre las deudas reclamadas y la capacidad de pago de las personas adultas mayores, sumada a prácticas financieras abusivas que buscan cobrar intereses no pactados. Al blindar los programas sociales, el Estado cumple con su obligación de garantizar que el dinero destinado a la subsistencia cumpla su cometido.
El proyecto de decreto establece un plazo de 60 días para su entrada en vigor y otorga 120 días a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para emitir la regulación necesaria que permita a los bancos identificar y proteger estos recursos.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, en espera de que sea discutida por el pleno de la Cámara de Diputados.
