- La Comisión Estatal emitió una recomendación a la Fiscalía por violaciones graves a derechos humanos: Diego Fernando Bonilla fue sujeto a detención arbitraria, tortura y falta de investigación diligente por la Fiscalía.
- Ahora, la Fiscalía se encuentra ante la oportunidad de enviar un mensaje claro contra la impunidad en casos de tortura, en particular en contra de personas indígenas, aceptando la recomendación y reparando el daño.
Redacción Hora Cero
Veracruz, 21 de abril de 2026.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) dirigió una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) tras acreditar la tortura contra Diego Fernando Bonilla, una persona indígena Ñuhü de la Sierra Norte de Veracruz, por parte de la Policía Ministerial. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pidió a la Fiscalía que acepte y cumpla esta recomendación, al representar una oportunidad para fortalecer la garantía de derechos y prevenir la repetición de actos de tortura.
El 29 de mayo de 2023 -explicó-, Diego Fernando, presenció un homicidio en su comunidad, El Pericón de Texcatepec, Veracruz. Al día siguiente, fue llevado a la Fiscalía Itinerante de Huayacocotla, perteneciente a la FGEV, para rendir su declaración; ahí fue torturado por policías ministeriales para obligarlo a incriminar a otra persona. Diego se negó a declarar hechos que no había presenciado. En la misma sede, frente a la intérprete para la toma de su declaración, Diego le informó que había sido víctima de tortura. No obstante, fue obligado a firmar hojas en blanco, que posteriormente fueron utilizadas para elaborar una declaración que nunca consintió. Dicha declaración fabricada fue empleada para detener a una persona.
Con el acompañamiento del Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Diego Fernando presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, radicada bajo el expediente DAI/0161/2023.
Asimismo, denunció formalmente los actos de tortura ante la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, de la FGEV, quien inició la carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/219/2023. Pese a ello, esta autoridad no realizó una investigación diligente y, en 2025, determinó el cierre del caso.
El 16 de abril de 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió la Recomendación 17/2026, dirigida a la Fiscalía General del Estado, en la que acreditó que Diego fue privado arbitrariamente de la libertad y sometido a tortura, lo cual fue documentado conforme al Protocolo de Estambul. Asimismo, determinó que la Fiscalía Especializada incumplió su obligación de investigar la tortura de manera diligente.
En consecuencia, la Comisión recomendó la reparación integral del daño, incluyendo atención médica y psicológica desde una perspectiva intercultural; la investigación efectiva de los policías ministeriales señalados como responsables; y la adopción de medidas institucionales por parte de la Fiscalía, como la capacitación en derechos de los pueblos indígenas.
«Este caso no es aislado, la tortura continúa siendo una práctica generalizada en el país y en particular, en el estado de Veracruz. De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), esta entidad es la segunda a nivel nacional con más investigaciones por tortura, 2,594 entre 2019 y 2025, y la primera a nivel nacional en número de víctimas, con 4,813. Las personas indígenas se encuentran entre los grupos más afectados, y la Policía Ministerial figura de manera recurrente como autoridad señalada», expuso en un comunicado.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes urgieron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que acepte a la brevedad la recomendación y dé cumplimiento integral a sus puntos como una prioridad. Como lo mencionó la propia Fiscal del Estado en su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, en enero de este año, estas recomendaciones son una oportunidad de “mejorar institucionalmente” y de enviar un mensaje claro contra la impunidad en casos de tortura.
«Su aceptación y adecuada implementación representa una oportunidad para reparar los derechos de Diego en este caso y enviar un mensaje claro de que la tortura – en particular la cometida en contra de personas indígenas – no será tolerada en Veracruz», remató.
