Domingo 31: ¿Hay qué celebrar?
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
Anteayer, desde Tabasco, la cuna del obradorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo domingo 31 encabezará un informe nacional que se transmitirá simultáneamente en las plazas públicas de las 32 entidades del país para “celebrar, conmemorar y defender” a la Cuarta Transformación, y llamó a mantener la unidad para preservar la soberanía nacional y el legado político del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Les anticipó que en ese mensaje hablará del origen y los principios del movimiento de la 4T. “Hay que seguir fortaleciendo la transformación y sobre todo los gobiernos del pueblo, seguir juntos, seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional, porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”, remarcó.
Pero ese mismo domingo, sólo que en las montañas guerrerenses, una indígena nahua llamada Bernardina, en representación del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), hacía este reproche: “Por sufrirlo en carne propia, los pueblos de la Montaña Baja de Guerrero decimos que ¡ya basta de tanto dolor y de tanta muerte!, pero también: ¡ya basta de tanta indiferencia y desprecio!, porque al mismo tiempo que los grupos criminales nos atacan, nos matan, aterrorizan a nuestros niños, a nuestras niñas, los malos gobiernos se ríen de nuestro sufrimiento y sólo nos miran cuando están obligados a mirarnos, ya sea por su interés (cuando hay elecciones) o por su carrera política, nuestras muertes se convierten en noticias”.
La crónica periodística no es de un diario neoliberal ni financiado por la ultraderecha mexicana o de Estados Unidos, sino que la publicó el reportero Sergio Ocampo Arista, de La Jornada, el más afín a la 4T. En la nota se consignan que durante un encuentro en la cancha del poblado de Alcozacán, al que asistieron unos 2 mil indígenas desplazados por la violencia generada por el grupo narco-paramilitar de Los Ardillo, en el que también participaron integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S), Bernardina reprochó que la gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado, “no ha tenido la capacidad de frenar la violencia en el estado; al contrario, aseveró, ha pactado con delincuentes, protege a la alcaldesa de Chilapa de Álvarez (Mercedes Carballo Chino), que es parte de la estructura político-criminal que cobija a Los Ardillos, a los que pone a disposición los recursos económicos que el municipio debe entregar a las comunidades y que nosotros no recibimos”.
La mujer indígena criticó que los delincuentes maltraten la tierra, “porque en ella siembran amapola, o sea que siembran violencia; usan la tierra para hacer caminos, para envenenar a los jóvenes con sus drogas. Esto es, para trasladar la muerte. Destruyen la tierra y con ella destruyen la vida, lo que no entendemos es cómo los distintos gobiernos hablan de paz y sacan sus estadísticas de que los homicidios disminuyen todos los días”.
Después, a nombre del CNI, otra indígena, llamada Sara, leyó este comunicado: “agradecerles que resistan, que apuesten a seguir viviendo. Decirles que no están solos, aunque en los momentos de crisis ustedes se sientan así, aquí nosotros en nuestras tierras; allá, lejos de aquí, también hacemos lo propio para que esa violencia en contra de ustedes se detenga.
“Exigimos al Estado mexicano alto a esta guerra genocida, a esta masacre contra nuestros hermanos del Cipog-EZ. Los pueblos que integramos el CNI exigimos la protección a la MCO-S, que estamos acompañando con esta documentación y denuncia, el alto a los señalamientos dirigidos a compañeros y hermanos y hermanas del Cipog-EZ; tampoco le creemos al Estado, que es mentiroso.
“Sabemos que los apoyos llegan a quienes ayudan al Estado, mientras las comunidades siguen trabajando para poder vivir; decimos que sí les podemos ganar y sí podemos detener esta violencia si nos mantenemos juntos, desde nuestros territorios; si seguimos viviendo y resistiendo.”
A nombre de la MCO-S, Tenoch expuso: “Venimos aquí a escucharles; a observar; a escuchar su dolor; a escuchar sus experiencias. Ayer caminamos en la comunidad de Tula y fue terrible lo que observamos hermanos y hermanas. Sepan que allá, en la Ciudad de México, el gobierno dice que los desplazados de Tula ya regresaron a Tula y que todo está en paz. El gobierno dice que ustedes son parte de un grupo delincuencial y que los ataques que sufrieron son porque están en un enfrentamiento con otro grupo delincuencial.
“Nosotros decimos que mienten; ustedes son pueblos y ustedes no son grupos criminales. Hermanos y hermanas, observamos que Tula hoy día está vacío; no hay personas porque las casas están quemadas; que el gobierno no está haciendo el trabajo que debe de hacer. Y el hecho de que venga aquí, sin escuchar la voz de ustedes, la voz de las autoridades, es un acto irresponsable y terrible y que el hecho de que tenga aquí al Ejército, a la Guardia Nacional, aquí metido en esta cancha en donde los niños juegan, donde se hacen las asambleas, es algo que no debe ser”.
Y concluyó: “Ellos deben estar allá combatiendo a los criminales, donde Los Ardillos atacan a las comunidades. Hermanos y hermanas: queremos que sepan que no están solos, que no están solas; que desde hace seis años venimos caminando con ustedes escuchándoles y llevando su palabra a los distintos gobiernos para exigirles que pare la guerra en contra de ustedes, para exigirles que cumplan con las promesas y compromisos que les hacen”, concluyó.
Pero esta situación no es exclusiva de Guerrero sino de otros estados gobernados también por Morena, partido que junto con sus aliados del PT y PVEM también tiene mayoría calificada en el Congreso de la Unión, donde, aunque la Cámara de Diputados aprobó desde 2020 la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, ésta sigue detenida en el Senado de la República también bajo control del partido guinda.
La Jornada, en su edición impresa del domingo, publicó que este mes el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana dio a conocer que documentó al menos 15 mil 795 personas desplazadas internas en 73 eventos ocurridos en 2025 en 11 estados, destacando Sinaloa, Chihuahua y Michoacán. E identificó que 83 por ciento de los casos estuvieron relacionados con violencia ligada al crimen organizado.
También anteayer, en San Cristóbal de las Casas, fue presentado el segundo informe titulado “Chiapas, la paz pendiente”, elaborado por el Grupo de Trabajo Región Frontera, integrado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, la agrupación denominada Movilidades Libres y Elegidas, Voces Meseoamericanas y Servicios y Asesoría para la Paz, con el acompañamiento del Servicio Internacional por la Paz (Sipaz) y de la organización sueca llamada Swefor.
Según las organizaciones civiles que elaboraron el informe la Sierra y la Frontera de Chiapas, “donde las comunidades enfrentan históricamente condiciones de marginación y violencia, se ha convertido en un espejo de las tensiones nacionales: Crisis de desapariciones, asesinatos, desplazamientos forzados, vulnerabilidad y expresiones de violencia múltiple”.
Sostuvieron que “los desafíos en materia de derechos humanos en esta región exigen más que discursos: requieren una voluntad política renovada que coloque la dignidad humana en el centro, que fortalezca las instituciones civiles y que atienda las realidades locales con estrategias de prevención y justicia”.
Sólo así, subrayaron, “será posible revertir la tendencia regresiva y construir un horizonte en el que las comunidades chiapanecas puedan vivir libres de miedo, violencia y fuera del control de la delincuencia organizada, con el contubernio de los gobiernos en sus tres niveles de poder y con garantías efectivas de derechos”.
Destacaron que en 2025 “hubo un aumento significativo de casos de desaparición de personas y una nueva reconfiguración territorial: Tapachula se colocó como el municipio con más casos, detrás de Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, que registró un incremento sorprendente”.
Por otro lado, indicaron, “el hallazgo de fosas clandestinas, entre finales de 2024 y los primeros meses de 2025, también se dio en algunos de los municipios con casos de desaparición forzada. No podemos obviar que la desaparición forzada, y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas, están muchas veces vinculados”.
¿Todos ellos también saldrán el próximo domingo a “celebrar, conmemorar y defender” a la Cuarta Transformación?
