Redacción Hora Cero
Xalapa, Ver.- Con el objetivo de proteger a la población de fraudes que se cometen utilizando la imagen de programas gubernamentales, la diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Elízabeth Morales García, presentó una iniciativa para incorporar al Código Penal del Estado de Veracruz el delito de fraude mediante la simulación de programas sociales.
La propuesta busca castigar a quienes se hagan pasar por servidores públicos o gestores de alguna dependencia para engañar a las personas, así como a quienes ofrezcan apoyos inexistentes o soliciten dinero, documentos o datos personales bajo la falsa promesa de facilitar el acceso a programas gubernamentales.
Esta iniciativa contempla sanciones para quienes utilicen nombres, logotipos, credenciales o cualquier elemento institucional con el propósito de aparentar una representación oficial que en realidad no poseen.
Morales García señaló que este tipo de conductas afectan directamente a la ciudadanía, particularmente a los sectores más vulnerables como los son personas adultas mayores, por lo que plantea endurecer las penas cuando las víctimas sean ese sector de la población.
La legisladora destacó que el impacto de estos fraudes va más allá de las pérdidas económicas, ya que también generan desconfianza en las instituciones públicas, las cuales deben ser protegidas con toda la fuerza de la ley.
“Cuando alguien engaña a una persona adulta mayor utilizando el nombre de una institución pública, no solamente vulnera su dignidad, también afecta la confianza ciudadana”, expresó.
Con esta iniciativa, la diputada del PT busca fortalecer el marco legal en Veracruz para combatir prácticas fraudulentas que se aprovechan de la necesidad de las personas y garantizar una mayor protección a quienes son más susceptibles de ser víctimas de engaños relacionados con programas sociales.
Cabe destacar que, en el 2025, autoridades de Bienestar en distintos estados del país, alertaron sobre personas que se acercaban a adultos mayores en filas de los Bancos del Bienestar o mediante redes sociales para obtener dinero, tarjetas o datos personas con falsas promesas de apoyo gubernamental.
