Juan David Castilla
El robo de hidrocarburos a través de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene una actividad constante en el estado de Veracruz.
Durante el primer trimestre de 2026, las autoridades federales detectaron un total de 60 perforaciones ilegales destinadas a la extracción de combustibles líquidos en territorio estatal, lo que representa un promedio de una toma localizada cada 36 horas (1 día y 12 horas).
De acuerdo con el último reporte del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación de los Municipios (Igavim), basado en respuestas oficiales de Pemex a solicitudes de información, Veracruz registró un ligero incremento del 3.45 por ciento en este delito en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 58 tomas clandestinas.
A diferencia del robo de Gas LP, donde Veracruz enciende alarmas al colocarse en el tercer lugar nacional, en la vertiente de robo de combustibles líquidos (gasolinas y diésel) la entidad se ubica a media tabla, ocupando el undécimo lugar nacional.
El reporte del observatorio ciudadano detalla que la problemática del «huachicol» sigue concentrándose de manera crítica en la zona del centro y occidente del país. El estado de Hidalgo encabeza la lista nacional con 731 tomas clandestinas (una cada 3 horas), seguido por Jalisco con 578 casos y el Estado de México con 189.
En contraste con entidades como Coahuila o Tamaulipas, que lograron reducciones sustanciales en la incidencia de este delito superiores al 60 por ciento, Veracruz muestra una tendencia a la estabilización, sin variaciones drásticas a la baja pero manteniendo un flujo delictivo constante en sus redes de distribución.
A nivel nacional, el panorama general muestra que el robo de hidrocarburo creció un 4.87 por ciento, alcanzando un total de 2 mil 563 tomas clandestinas en los primeros tres meses del año.
Esta cifra revela una realidad alarmante a nivel federal: en México se abre una toma clandestina en los ductos de Pemex cada 51 minutos y 27 segundos, manteniendo una presión constante sobre las fuerzas de seguridad y el patrimonio energético del país.
