Juan David Castilla
El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, aseveró que las autoridades competentes llegarán hasta las últimas consecuencias en las investigaciones por la reciente mortandad masiva de peces en la cuenca del río Papaloapan, sentenciando que si es necesario clausurar de forma definitiva a las empresas responsables de este ecocidio, se ejecutará sin miramientos.
En entrevista, el legislador veracruzano recordó que ya se interpuso una denuncia formal por estos hechos y que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya se encuentra realizando las inspecciones técnicas correspondientes en la zona siniestrada para determinar con precisión científica las causas del desastre ambiental que mantiene en alerta a los pescadores de la región de la cuenca.
El entrevistado detalló que, desde el jueves 18 de junio, personal de la dependencia federal inició un despliegue de auditorías en diversas factorías de la zona que operan con permisos federales, evaluando de manera minuciosa sus procesos de tratamiento y la disposición final de la vinaza.
Añadió que, de acuerdo con las primeras hipótesis ambientales, un manejo negligente de esta sustancia orgánica residual, derivada de los procesos industriales de las factorías y destilerías de la región, provoca un consumo acelerado del oxígeno en los cuerpos de agua, asfixiando por completo a las especies nativas.
Ruiz Sánchez enfatizó que el acceso a un medio ambiente sano es un derecho humano inalienable, por lo que urgió al pueblo de Veracruz y a las cooperativas pesqueras a denunciar de inmediato cualquier afectación ecológica ante los distintos órdenes de gobierno para evitar la parálisis institucional.
El diputado local rechazó que las acciones legales emprendidas por el Partido Verde representen una postura sistemática en contra del sector empresarial o del desarrollo económico regional.
El legislador aclaró que denunciar el desastre ecológico defiende directamente a las empresas socialmente responsables que operan bajo la ley, exigiendo únicamente que se adopten medidas precautorias severas mientras las fiscalías correspondientes esclarecen la responsabilidad jurídica de los infractores.
