Juan David Castilla
A pesar de la tendencia nacional impulsada por diversos gobiernos para balancear la carga de los cuidados en el hogar, el estado de Veracruz se mantiene como una de las entidades federativas rezagadas en materia de igualdad laboral sobre los derechos de paternidad.
De acuerdo con el más reciente análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Veracruz forma parte del grupo minoritario de nueve estados que no han modificado sus leyes locales, manteniendo el permiso de paternidad en el mínimo legal de cinco días.
El mapa elaborado por el IMCO revela que 23 entidades federativas ya han legislado para ampliar este beneficio por encima del estándar federal, aunque con una restricción clave: esta extensión aplica exclusivamente para los trabajadores al servicio del Estado (servidores públicos).
En este escenario, estados como Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala y Quintana Roo lideran la vanguardia otorgando más de 40 días de permiso a los nuevos padres, seguidos por bloques que otorgan de 21 a 40 días, y de seis a 20 días.
Al ubicarse gráficamente en la categoría de cinco días, Veracruz no solo se distancia de las mejores prácticas de la burocracia estatal del resto del país, sino que perpetúa una de las brechas de género más profundas frente a la licencia de maternidad, la cual contempla 12 semanas (84 días) totalmente cubiertas por la seguridad social.
El estudio señala que a nivel internacional, México arrastra un rezago histórico: en el mundo, 131 de 193 países ya cuentan con una licencia de paternidad robusta.
En el contexto nacional, el diseño actual de la Ley Federal del Trabajo (LFT) impone que el costo total de estos cinco días recaiga por completo en el empleador, a diferencia de las licencias de maternidad, que son financiadas de manera colectiva por las instituciones de seguridad social.
Esta estructura desincentiva que el sector privado amplíe de forma voluntaria el beneficio, ya que impacta directamente en los costos operativos de los centros de trabajo.
El IMCO señala que las consecuencias de este estancamiento normativo en Veracruz impactan de forma directa en la economía familiar y en el desarrollo profesional de las mujeres.
Al no existir incentivos ni marcos legales estatales que promuevan la corresponsabilidad de los padres veracruzanos en los primeros días de vida o adopción de un hijo, el peso del cuidado recae casi exclusivamente en las madres, lo que limita su reincorporación y crecimiento en el mercado laboral formal.
El IMCO propone un rediseño integral de la política de seguridad social para transitar hacia un esquema tripartito u homologado. Para que estados como Veracruz puedan avanzar sin desestabilizar la economía local, el Instituto señala la urgencia de fortalecer los registros de padres trabajadores, evaluar mecanismos alternos de financiamiento institucional y homologar gradualmente las reglas de operación entre los periodos de maternidad y paternidad, logrando que el nacimiento de un hijo represente el mismo costo y corresponsabilidad para hombres y mujeres.
