Juan David Castilla
Una crisis de insalubridad y riesgo ecológico amenaza a los habitantes de la comunidad de Santa Rosa, municipio de Actopan, debido a la ausencia total de un sistema adecuado para el manejo, confinamiento y recolección de los residuos sólidos urbanos.
Los pobladores de esta localidad denunciaron que, ante la falta de un basurero municipal regulado y las constantes fallas operativas en las rutas de los camiones recolectores del ayuntamiento, los desechos domésticos terminan acumulándose de forma clandestina en un terreno a cielo abierto.
La gravedad de la situación radica en que este vertedero irregular se localiza a escasos metros del río que atraviesa la región, transformándose en una bomba de tiempo sanitaria cada vez que se presentan los temporales pluviales característicos de la temporada.
La ciudadana afectada, Guadalupe Hernández, explicó detalladamente la desesperación que priva entre las familias de Santa Rosa al no contar con alternativas institucionales para deshacerse de sus desperdicios diarios.
La habitante advirtió que al carecer de un espacio confinado y ante las prolongadas ausencias del servicio de limpia pública, la gente corre a acumular sus bolsas de basura en ese predio aledaño al afluente para evitar focos de infección dentro de sus hogares.
Sin embargo, precisó que esta práctica comunitaria deriva en un desastre ambiental mayor cuando se registran precipitaciones intensas, ya que el nivel del cuerpo de agua crece de forma repentina y su fuerte corriente arrastra toneladas de plásticos, materia orgánica y desechos tóxicos río abajo, esparciendo la contaminación por diversas parcelas productivas.
Ante este sombrío panorama que degrada el ecosistema y la salud humana, los residentes de Santa Rosa hicieron un enérgico llamado de auxilio a las autoridades municipales y estatales para que intervengan de manera inmediata en la zona rural.
Exigieron el diseño de un plan de contingencia sanitaria de raíz que garantice la regularización del camión de la basura y la limpieza total del predio contaminado, vinculando esta demanda a su exigencia histórica de infraestructura vial segura.
Sentenciaron que la omisión institucional no solo vulnera su derecho constitucional a un medio ambiente sano, sino que condena a la marginación y al peligro sanitario latente a decenas de familias trabajadoras que dependen del equilibrio natural del afluente regional.
