Juan David Castilla
Por el delito de feminicidio cometido en agravio de la joven Andrea Maylin Chino Ramos, registrado hace un año en el estado de Morelos, el actual presidente municipal de San Rafael, Gil Armando Méndez Grappin, fue acusado de ocultar y proteger en territorio veracruzano al presunto responsable del crimen.
El señalamiento fue ventilado a través de las cuentas oficiales de la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec de aquella entidad, organización que lanzó un llamado de justicia dirigido a las fiscalías del país para esclarecer el caso de la víctima, quien fuera reportada como desaparecida el pasado 20 de junio de 2025 y cuyo cuerpo sin vida fue localizado clandestinamente el 31 de julio del mismo año.
La agrupación feminista denunció formalmente que los familiares del presunto agresor, plenamente identificado por las autoridades judiciales como Ricardo “N”, utilizaron activamente influencias y contactos de alto nivel dentro de las instancias locales y estatales de procuración de justicia para paralizar las órdenes de aprehensión iniciales.
Las feministas indicaron que el edil morenista de la demarcación veracruzana abusó de su poder para brindar refugio tanto al imputado como a sus padres, detallando que la madre del prófugo de la justicia comparte lazos directos de consanguinidad y parentesco con el munícipe de San Rafael, facilitando así su resguardo.
“Denunciamos públicamente a funcionarios que usaron su poder para ocultar a un asesino. Tal es el caso de Gil Armando Méndez Grappin, presidente municipal de #SanRafael, #Veracruz, quien siendo familiar de la madre de Ricardo, los estuvo escondiendo y amparando todo este tiempo en dicha localidad”, se lee en el post de Facebook.
En el texto difundido por las activistas, se cuestionó severamente cómo un servidor público en funciones puede actuar deliberadamente como cómplice en un caso de violencia feminicida.
Las integrantes de la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec repudiaron la forma en que los tres niveles de gobierno prefieren acuerpar, amparar y presuntamente financiar la huida de los criminales antes que garantizar la seguridad de las mujeres mexicanas.
La colectiva acusó una serie de omisiones procesales cometidas en los primeros meses de la indagatoria, acusando que se alteró el perímetro del hallazgo.
El Alcalde, emanado de Morena, se ha mantenido en total hermetismo y no ha emitido ningún pronunciamiento oficial u opinión respecto a los señalamientos delictivos en su contra.
