Juan David Castilla
Un contundente operativo de reordenamiento urbano y liberación de vías de comunicación fue ejecutado por elementos de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial en diversas arterias del centro histórico de la capital veracruzana, logrando el retiro inmediato de decenas de objetos colocados de manera totalmente ilegal sobre el arroyo vehicular y las banquetas.
Las acciones desplegadas en atención a una serie de quejas interpuestas por la ciudadanía, tuvieron como propósito central recuperar los espacios comunes destinados al libre tránsito peatonal y motorizado, garantizando de forma irrestricta el derecho constitucional a la libre circulación de los miles de xalapeños que diariamente convergen en el primer cuadro de la ciudad.
Durante este despliegue operativo, las fuerzas de vialidad decomisaron y retiraron de la vía pública una gran cantidad de macetas, piedras de gran tamaño, cubetas con cemento, estructuras metálicas pesadas y otros artículos diversos que eran utilizados de forma recurrente por algunos vecinos y comerciantes para apartar arbitrariamente cajones de estacionamiento o impedir de forma hostil que otros automovilistas utilizaran el frente de los predios.
Las autoridades recordaron con firmeza a la población que estas prácticas configuran una ocupación indebida y abusiva de la infraestructura pública, la cual pertenece jurídicamente a toda la colectividad y de ninguna manera puede ser secuestrada para el beneficio o usufructo de particulares.
Especialistas en urbanismo y movilidad explicaron minuciosamente que la invasión de banquetas genera graves conflictos vecinales y vulnera severamente la seguridad ciudadana, toda vez que al bloquearse el paso peatonal se obliga a los transeúntes a descender peligrosamente al arroyo vehicular para continuar su trayecto, incrementando de forma alarmante el riesgo de atropellamientos.
Esta problemática afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, como las personas de la tercera edad, las madres con carriolas y los ciudadanos que viven con alguna discapacidad motriz y dependen del uso de sillas de ruedas o bastones para desplazarse de forma autónoma.
Tránsito del Estado reiteró que ninguna persona posee facultades legales para privatizar las calles mediante obstáculos físicos, haciendo un llamado enérgico a la civilidad y advirtiendo que la persistencia en estas conductas derivará en el decomiso definitivo de los objetos y la aplicación de severas sanciones administrativas y económicas contempladas en el reglamento vigente.
