Juan David Castilla
Decenas de ciudadanos despojados de su patrimonio habitacional y comercial protestaron y bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, justo frente a las puertas de Palacio de Gobierno, para denunciar la existencia y operación impune de un “cártel inmobiliario” de Xalapa.
La movilización fue encabezada formalmente por Eduardo de la Torre Jaramillo junto a la representante ciudadana Martha Patricia Aguilar Rendón, quienes anunciaron de forma oficial la constitución de una asociación civil de alcance estatal diseñada para aglutinar, asesorar jurídicamente y defender de manera colectiva a cientos de víctimas de despojo procedentes de regiones conurbadas como Coatepec, Alto Lucero y la propia capital del estado.
«Alto al cártel inmobiliario de Xalapa» y «Fiscalía, no avanzan nuestras denuncias», se leía en lonas y pancartas que mostraron frente a Palacio de Gobierno.
Expusieron que el principal objetivo de unificar las causas es romper con el aislamiento institucional, adelantando que el nuevo frente civil exigirá formalmente una mesa de trabajo resolutiva con la gobernadora de la entidad, con la fiscal general y con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, demandando además la restitución inmediata de sus legítimas propiedades.
Aguilar Rendón reveló con preocupación que tanto ella como otro miembro activo del colectivo recibieron llamadas telefónicas con explícitas amenazas de muerte que les ordenaban detener las denuncias mediáticas y legales.
La activista detalló que el grupo actual consta de 19 víctimas directas, aunque sus rastreos independientes arrojan un patrón criminal que supera las 200 denuncias en Veracruz, el cual consiste en la utilización fraudulenta de instrumentos públicos y prestanombres vinculados presuntamente a un despacho jurídico, afectando en su gran mayoría a adultos mayores que habitan en soledad.
Sentenciando que «no hay un solo detenido» por estas conductas ilícitas, las familias exigieron desmantelar la presunta red de corrupción interna que involucra a servidores públicos, advirtiendo que las protestas continuarán extendiéndose con firmeza hasta que la justicia penal actúe y detenga el despojo inmobiliario.
