Hora cero
La regulación de las plataformas de transporte
Luis Alberto Romero
El Gobierno de Veracruz abrió un nuevo frente en la discusión sobre la movilidad urbana; la gobernadora Rocío Nahle García anunció que enviará al Congreso del Estado una iniciativa para regular el servicio de transporte de pasajeros contratado mediante plataformas digitales como Uber, DiDi y otras aplicaciones que actualmente operan en diversas ciudades de la entidad sin un marco jurídico específico.
La propuesta busca incorporar este tipo de servicio a la legislación estatal; establecer reglas claras para su funcionamiento; definir obligaciones fiscales; y crear mecanismos que permitan supervisar tanto a las empresas como a los conductores.
Durante su conferencia de prensa de este lunes, la mandataria explicó que aunque estas plataformas ya tienen presencia en varios municipios veracruzanos, la ley no contempla su operación, lo que ha generado un vacío legal.
Uno de los principales objetivos de la iniciativa será fortalecer la seguridad de los usuarios; para ello se plantea que exista un mayor control sobre la identidad de los conductores, así como responsabilidades específicas para las empresas que administran las aplicaciones.
El anuncio reavivó un debate que lleva varios años sin resolverse en Veracruz.
Por un lado, organizaciones de taxistas han manifestado de manera reiterada su rechazo a las plataformas digitales, al considerar que representan una competencia desigual. En distintas ocasiones han realizado expresiones de rechazo y protestas para exigir que las autoridades prohíban su operación o las sometan a las mismas obligaciones que enfrentan quienes cuentan con una concesión de taxi.
Sin embargo, la discusión también pone sobre la mesa la situación que enfrenta el servicio tradicional de taxis en la entidad.
Durante años, los usuarios han señalado diversas deficiencias, entre ellas unidades antiguas, malas condiciones mecánicas, falta de capacitación de algunos conductores y el cobro de tarifas superiores a las autorizadas.
Aunque existen operadores que ofrecen un servicio profesional y mantienen sus vehículos en buen estado, las quejas son frecuentes.
La propia legislación estatal establece límites que no se cumplen; el artículo 120 de la Ley de Tránsito y Transporte fija en ocho años la antigüedad máxima para prestar el servicio de taxi; sin embargo, en prácticamente cualquier ciudad del estado circulan unidades con más de una década de uso.
Por ello, la regulación de las plataformas digitales podría representar un cambio importante para el transporte de pasajeros en Veracruz.
La propuesta no implica únicamente reconocer legalmente a empresas como Uber o DiDi, sino establecer condiciones para que operen bajo reglas definidas, con obligaciones fiscales y mecanismos de supervisión similares a los que existen en otras entidades del país.
El reto para el Gobierno estatal será encontrar un equilibrio entre la protección de quienes actualmente cuentan con concesiones de taxi y el derecho de los ciudadanos a contar con más opciones de movilidad.
La iniciativa anticipa un intenso debate en el Congreso local y entre los distintos sectores involucrados; los taxistas defenderán su actividad y exigirán condiciones de competencia equitativas, en tanto una parte importante de la población espera que la regulación abra la puerta a un servicio más eficiente, seguro y transparente.
En el fondo, se trata de definir qué modelo de transporte necesita Veracruz, si mantener un sistema que durante años ha sido objeto de quejas, o impulsar un esquema de competencia regulada que incentive mejores condiciones para los usuarios.
@luisromero85
