Veracruz trabaja, pero no prospera: la precariedad laboral de un estado desarticulado (Primera parte)
Dr. Rafael Vela Martínez
Veracruz enfrenta una paradoja que debe ser colocada en el centro del debate público: registra una tasa de desocupación relativamente baja, pero una proporción extraordinariamente elevada de personas que trabajan en condiciones precarias. El problema, por lo tanto, no consiste solamente en crear empleos, sino en determinar qué clase de empleos está generando la economía estatal, cuánto se paga por ellos, qué productividad tienen, qué derechos garantizan y si permiten a las familias superar la pobreza. La precariedad laboral se caracteriza por la inseguridad e incertidumbre en el empleo, los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de prestaciones sociales, la limitada protección frente al despido y la exposición a mayores riesgos laborales. En términos sencillos, existe cuando tener trabajo no garantiza estabilidad, seguridad social ni ingresos suficientes para sostener dignamente a una familia.
Las cifras más recientes del INEGI retratan con claridad la gravedad del problema. En el cuarto trimestre de 2025, Veracruz tenía alrededor de 3.27 millones de personas ocupadas, 122 mil menos que un año antes. A pesar de que la tasa de desocupación fue de apenas 1.9%, el 69% de la población ocupada —aproximadamente 2.3 millones de personas— se encontraba en alguna modalidad de informalidad laboral. Además, 39.1% trabajaba en condiciones críticas. La tasa de desocupación, por sí sola, puede producir una imagen engañosa. Una persona que vende productos en la calle, trabaja unas cuantas horas, cultiva para la subsistencia o realiza alguna actividad sin contrato ni seguridad social en algunos casos aparece estadísticamente como ocupada. Sin embargo, difícilmente puede afirmarse que dispone de un empleo digno: es una estrategia de sobrevivencia.
El deterioro se aprecia también en los ingresos. Durante el cuarto trimestre de 2025, 53.4% de las personas ocupadas en Veracruz recibió hasta un salario mínimo; 21.5% obtuvo entre uno y dos salarios mínimos y 5.1% no recibió ingreso alguno. Al mismo tiempo, una cuarta parte de la población ocupada trabajó más de 48 horas semanales. Es decir, millones de veracruzanos trabajan mucho, pero reciben poco.
El indicador más contundente es la pobreza laboral. En el primer trimestre de 2026, 44.4% de la población veracruzana vivía en hogares cuyo ingreso laboral era insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, frente a un promedio nacional de 30.7%. Aunque el indicador mejoró respecto de periodos anteriores, continúa significando que casi uno de cada dos veracruzanos no puede cubrir con los ingresos del trabajo las necesidades alimentarias de su hogar. El ingreso laboral real per cápita fue de 2 mil 523 pesos mensuales en Veracruz, mientras que el promedio nacional alcanzó 3 mil 653 pesos.
No es casual que durante el cuarto trimestre de 2025 la actividad económica estatal haya disminuido 0.2% anual. Tampoco debe pasar inadvertido que, entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, el ingreso laboral promedio de las personas ocupadas en la industria manufacturera veracruzana registró una reducción real de 19.1%, de acuerdo con el INEGI. El problema estructural de la baja productividad: una parte importante de esta precariedad tiene su origen en la limitada productividad de las empresas y unidades de producción. Esto no significa responsabilizar a los pequeños empresarios, comerciantes, campesinos o trabajadores por cuenta propia. Por el contrario, significa reconocer que desarrollan sus actividades dentro de un entorno que no les proporciona tecnología, financiamiento, capacitación, infraestructura, innovación ni acceso suficiente a cadenas productivas y mercados.
En el ámbito no agropecuario, 61.4% de la población ocupada de Veracruz trabajaba en micronegocios durante el cuarto trimestre de 2025. En contraste, solamente 5.2% laboraba en establecimientos medianos y otro 5.2% en establecimientos grandes. Esta estructura empresarial explica, en parte, la baja capacidad para innovar, pagar mejores salarios, incorporar tecnología y ofrecer seguridad social. El problema no es la existencia de microempresas. Todas las economías las necesitan. La dificultad consiste en que en Veracruz permanecen pequeñas, aisladas y con escasas oportunidades para elevar su productividad. No existe una política suficientemente articulada para convertirlas en proveedoras de empresas mayores, integrarlas a cadenas regionales de valor, facilitarles innovación tecnológica o vincularlas con instituciones públicas de educación superior.
Es en este punto donde debe analizarse críticamente el papel de la Universidad Veracruzana (UV). La Máxima casa de estudios de los veracruzanos cuenta con facultades, centros, institutos, investigadores, laboratorios y capital humano altamente especializado. Sin embargo, esos recursos académicos no se encuentran articulados mediante una política interna que garantice un sistema permanente de transferencia de conocimiento, innovación tecnológica y asistencia productiva dirigido a las empresas, productores rurales y gobiernos municipales de las distintas regiones del estado; todo ello debido a una ineficiente administración desde la actual Rectoría, falta de compromiso social, o simplemente carencia de visión.
El conocimiento universitario continúa funcionando, en gran medida, dentro de circuitos académicos. Se investiga, se publican artículos y se organizan encuentros científicos, pero los resultados no se convierten en nuevos procesos productivos, patentes, empresas de base tecnológica, innovaciones agroindustriales, sistemas logísticos, soluciones ambientales o incrementos sostenidos de la productividad empresarial.
Para algunos académicos y, lamentablemente, para muy escasos políticos, está claro que Veracruz no necesita menos investigación académica, sino una investigación más vinculada con los problemas productivos de su territorio. No bastan convenios generales ni actividades esporádicas de vinculación. Se requiere una política institucional mediante la cual cada centro e instituto de investigación adopte sectores económicos, cadenas productivas y espacios regionales específicos. Que tristeza que la clase política veracruzana actual, incluyendo al poder ejecutivo, al legislativo y judicial, no tengan una identidad con su Alma Mater Veracruzana de Educación Superior. Ya la historia dará cuenta de ello.
