Redacción
Xalapa, Ver.— Las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Veracruz determinaron que existen elementos suficientes para dar continuidad al procedimiento de Declaración de Procedencia, conocido como desafuero, en contra de los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, ambos emanados de Movimiento Ciudadano.
La decisión se tomó después de revisar la información y los expedientes remitidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), con lo que el proceso legislativo entra en una nueva etapa.
Fuentes consultadas señalaron que el dictamen ya fue turnado a la Comisión Permanente Instructora, órgano que será el encargado de analizar el caso y citar a comparecer a los presidentes municipales involucrados. Durante esta fase, ambos tendrán la oportunidad de presentar las pruebas que consideren pertinentes en su defensa, bajo el principio de presunción de inocencia y con pleno respeto al debido proceso.
En el caso del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, la solicitud de desafuero está relacionada con una investigación por su presunta participación en delitos vinculados con la desaparición de personas, derivada de una carpeta integrada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.
Por su parte, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, es investigado por hechos recientes relacionados, presuntamente, con la privación ilegal de la libertad y el homicidio de una persona.
Con el acuerdo emitido por las comisiones legislativas, ambos expedientes avanzarán al siguiente procedimiento previsto por la ley. No obstante, el Congreso del Estado aclaró que esta determinación no representa una resolución sobre la culpabilidad o responsabilidad penal de los ediles, sino únicamente el inicio de la etapa en la que se evaluará si procede retirarles la inmunidad procesal para que enfrenten las investigaciones correspondientes ante las autoridades competentes.
El procedimiento de desafuero es un mecanismo previsto en la legislación para determinar si un servidor público puede ser sujeto a un proceso penal mientras permanece en funciones, garantizando en todo momento sus derechos constitucionales y el respeto al debido proceso.
