Hora cero
MC y la narrativa de la persecución; ¿movimiento de delincuentes?
Luis Alberto Romero
Los casos de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván colocaron a Movimiento Ciudadano en uno de los momentos más complicados de su historia reciente en Veracruz.
En esos casos, las investigaciones avanzan y el Congreso del Estado dio curso al procedimiento de declaración de procedencia solicitado por la fiscalía estatal; mientras tanto, la dirigencia del partido ha respondido denunciando una presunta persecución política, postura que ha generado cuestionamientos debido a la gravedad de los señalamientos contra dos de sus ediles.
Hace poco más de un año, durante el proceso electoral municipal, la gobernadora Rocío Nahle advirtió que MC había postulado candidatos presuntamente vinculados con actividades delictivas. En aquel momento, las declaraciones fueron rechazadas por la oposición y calificadas como un intento por desacreditar al partido naranja.
Sin embargo, dos presidentes municipales emanados de esta fuerza política enfrentan solicitudes de desafuero promovidas por la Fiscalía para que puedan responder ante la justicia sin la protección del fuero constitucional.
En el caso de Ixhuatlán del Sureste, el alcalde es investigado por hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad y el homicidio de una comunicadora. En Úrsulo Galván, el presidente municipal enfrenta una investigación por su probable participación en delitos relacionados con la desaparición de personas.
Las solicitudes fueron enviadas al Congreso local el pasado 6 de julio; posteriormente, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales determinaron que existían los elementos legales suficientes para iniciar el procedimiento, al considerar que los expedientes cumplen con los requisitos previstos en la ley para continuar con el análisis.
A partir de ese momento, el proceso quedó en manos de la Comisión Instructora, que deberá garantizar el derecho de audiencia de ambos alcaldes, valorar las pruebas y elaborar un dictamen que posteriormente será sometido a consideración del Pleno del Congreso.
Hasta este momento no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de los funcionarios, por lo que ambos conservan la presunción de inocencia.
El procedimiento legislativo únicamente determinará si mantienen o no la inmunidad constitucional para enfrentar los procesos judiciales correspondientes.
Lo que ha llamado la atención es la postura asumida por la dirigencia de Movimiento Ciudadano, porque en lugar de centrar su discurso en el esclarecimiento de los hechos o respaldar que las investigaciones sigan su curso, sus representantes han denunciado una supuesta persecución política.
Esa estrategia ha sido interpretada por diversos actores como un intento de desacreditar las investigaciones antes de que concluyan y de presentar los casos como un conflicto político, pese a que las acusaciones provienen de carpetas de investigación integradas por la Fiscalía y se encuentran sujetas a un procedimiento previsto por la legislación.
El caso también ha abierto un debate sobre la responsabilidad de los partidos políticos al momento de seleccionar a quienes postulan para cargos de elección popular; si las investigaciones derivan en responsabilidades penales, Movimiento Ciudadano tendrá que responder no sólo por las decisiones de sus autoridades municipales, sino también por los mecanismos que utilizó para elegir a sus candidatos.
@luisromero85
