Juan David Castilla
La gobernadora del estado, Rocío Nahle García, rechazó que la solicitud de desafuero presentada ante el Congreso Local en contra de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC), responda a persecuciones de carácter político.
Durante la conferencia de prensa matutina celebrada este lunes desde el Palacio de Gobierno, la mandataria estatal aseveró que las peticiones de juicio de procedencia son el resultado de indagatorias formales desarrolladas por la Fiscalía General del Estado (FGE), organismo que solicitó la intervención del Poder Legislativo para dar cauce a los procesos legales vigentes.
Nahle García enfatizó que su administración se mantiene absolutamente respetuosa del debido proceso y argumentó que la ley se aplicará de forma imparcial, asegurando que se actuaría con el mismo rigor institucional en caso de que las imputaciones involucraran a un edil de su propio partido.
Asimismo, la jefa del Ejecutivo estatal desmintió las versiones que sugieren una presunta persecución en contra de los ediles municipales por negarse a incorporarse a las filas del partido Morena.
Al respecto, la mandataria dio a conocer que sostuvo comunicación directa con el dirigente estatal de dicha fuerza política, Esteban Ramírez Zepeta, quien le confirmó que en ningún momento se emitieron invitaciones para integrar a dichos alcaldes al movimiento oficialista.
La gobernadora citó el reciente esquema de reestructuración financiera por bursatilización, proceso en el que se entabló diálogo directo con 199 municipios sin importar la filiación partidista de sus ayuntamientos.
Rocío Nahle advirtió que en Veracruz no habrá privilegios ni fueros que impidan la acción de la justicia, destacando que ante la comisión de delitos de alto impacto, como el homicidio, las instituciones actuarán con todo el peso de la ley, con independencia del cargo público o la fuerza política que representen los señalados.
La Gobernadora enfatizó que el caso de ambos ediles está en manos de la Fiscalía y del Poder Judicial, instancias encargadas de valorar las pruebas documentadas dentro de las carpetas de investigación.
