Juan David Castilla
A 11 años del multihomicidio perpetrado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, organizaciones civiles y colectivos defensores de derechos humanos denunciaron que el caso continúa en la impunidad respecto a sus autores intelectuales, al tiempo que advirtieron sobre la continuidad del clima de violencia contra la libertad de expresión en el estado de Veracruz.
A través de un pronunciamiento emitido este jueves 31 de julio, integrantes de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) recordaron el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera Pérez, así como de Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín, acontecido en 2015.
Las agrupaciones enfatizaron que, si bien existen tres personas sentenciadas en calidad de autores materiales, las autoridades ministeriales no han profundizado en la línea de investigación relacionada con la persecución política originada durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, contexto que motivó el desplazamiento forzado de las víctimas hacia la capital del país.
De acuerdo con Emilio Rodríguez Almazán, integrante de Lavida, persisten vacíos metodológicos en el proceso de investigación, entre los que destacan el análisis exhaustivo de sábanas de comunicación telefónica, la identificación de vehículos avistados en la escena del crimen y la posible participación de otros copartícipes en la logística del ataque.
De igual forma, recordó que las recomendaciones estipuladas en el expediente 04/2017, emitido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se mantienen sin cumplimiento integral por parte de las instituciones procuradoras de justicia.
En el documento, las organizaciones subrayaron que la entidad veracruzana continúa posicionándose como una de las demarcaciones más peligrosas para el ejercicio del periodismo, contabilizando 34 comunicadores asesinados y siete desaparecidos desde el año 2000 a la fecha.
Como muestra de la prevalencia del riesgo para quienes ejercen la labor informativa, recriminaron los recientes homicidios de los comunicadores Carlos Castro en Poza Rica, Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Nanchital, y Luis Ángel López Valdés, hechos registrados en el transcurso del presente año 2026.
Frente a este escenario, cuestionaron el desempeño del mecanismo local coordinado por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), así como del mecanismo federal de protección, al considerar que sus esquemas preventivos han resultado insuficientes para frenar las agresiones contra la prensa.
Las organizaciones civiles concluyeron su postura reiterando la exigencia de esclarecimiento total del expediente Narvarte y llamaron a preservar la memoria histórica de las cinco víctimas para evitar la repetición de agresiones contra la labor periodística.
