Juan David Castilla
Familiares del veracruzano Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, originario del municipio de Acayucan, exigieron la agilización de las investigaciones tras el doble homicidio perpetrado en su contra y de su esposo, el ciudadano estadounidense Zafar Padamsee Mawani, cuyos restos fueron localizados en la zona de La Marquesa, Estado de México, luego de permanecer desaparecidos desde el pasado 20 de junio.
En conferencia de prensa, Deira Corey Hidalgo, hermana de la víctima, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la conducción de las diligencias ministeriales en estrecha colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Embajada de Estados Unidos en México, dada la nacionalidad de una de las víctimas.
Detalló que la pareja había viajado al país para contratar a una empresa especializada en la instalación de un elevador con el propósito de facilitar la movilidad de la madre de Zafar, quien padece Alzheimer, motivo por el cual Hidalgo Ortiz había retornado temporalmente tras residir cerca de 30 años en la ciudad de Chicago.
Explicó además que, previo a la pérdida de comunicación, cámaras de videovigilancia captaron el ingreso de dos sujetos al departamento donde se hospedaban, mismos que ya fueron aprehendidos por las autoridades e integrados a la carpeta de investigación en curso.
«La gran ventaja que tenemos como familia es que estamos muy unidos con la familia de Zafar. Entró la Embajada de Estados Unidos en México, entró el FBI y está trabajando la Fiscalía General de la República acorde con el FBI. Tengo mucha confianza en que harán muy bien su trabajo», puntualizó.
La familia recriminó las omisiones y deficiencias registradas durante los primeros días de la búsqueda. Señaló que la familia en Veracruz se enteró de la desaparición hasta el 23 de junio a través de fichas de búsqueda difundidas en redes sociales, sin que existiera una notificación oficial por parte de las autoridades locales.
Aunado a ello, la denuncia formal fue tramitada tres días después de perderse el contacto con la pareja, situación que generó un retraso crítico en las primeras horas de localización.
En relación con el proceso de identificación forense, denunció trabas administrativas para acceder al expediente y actos de revictimización, al haber sido obligada a realizar múltiples reconocimientos presenciales y pruebas de ADN en distintas sedes ministeriales y del Servicio Médico Forense en Lerma.
«Me volvieron a revictimizar porque lo tuve que volver a ver. Creo que la gente tiene derecho a conocer la versión de nosotros como familia», expresó.
Aseveró que mantendrá sus traslados continuos a la Ciudad de México para darle seguimiento puntual al avance de las investigaciones hasta que se dicte sentencia a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
