CAFÉ DE MAÑANA
Por José Luis Enríquez Ambell
LOS PLANTELES EDUCATIVOS
Y LA PROPIEDAD SOCIAL
En días pasados, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma presentada por la gobernadora Rocío Nahle, para efecto de eliminar obstáculos burocráticos y legales para dotar de recursos públicos e invertir en la infraestructura, el mantenimiento y equipamiento de las escuelas públicas que carecen de escrituras al estar ubicadas en el solar estatal, y muchas asentadas en las zonas ejidales —propiedad social—, rurales o asentamientos irregulares.
Ahora, la ingeniera Nahle ha tomado el mando en busca de que la SEV regularice los predios escolares para brindar certeza jurídica patrimonial a los planteles educativos del estado, junto con autoridades del sector federal: Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional.
Recordemos que, en las campañas de Rocío Nahle en 2024 y Daniela Griego en 2025, ahora presidenta municipal de Xalapa, ambas señalaron lo urgente que es atender la regularización de la tierra, pues el desarrollo urbano irregular en planteles escolares demanda servicios municipales, pero un número muy elevado de inmuebles escolares son predios ejidales.
Y ahí radica la urgencia para atender la incorporación al patrimonio del Gobierno del Estado de los bienes inmuebles en los que se imparte el servicio público educativo, como bien lo apuntó el xalapeño y también exprocurador nacional agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, en una gira de trabajo en octubre de 2022, en Zempoala, Ver.
Y es que el artículo 49, en sus fracciones I y V de nuestra Constitución Política del Estado de Veracruz, establece la atribución de la gobernadora del estado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, así como de promover y fomentar, por todos los medios posibles, la educación pública, entre otros.
Lo anterior nos remite a que, en 1992, a partir de la modificación al artículo 27 constitucional, el Gobierno Federal puso en operación distintas acciones institucionales con el propósito de regularizar la propiedad social, estableciéndose primero el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), que concluyó en 2006; después se implementó el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), mismo que concluyó en 2017, y finalmente se estableció el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RAJJA), que opera actualmente —e impulsado por el presidente López Obrador—, cuyo objetivo resulta ser el de contribuir a la regularización de tierras que tienen en posesión los ejidos y comunidades mediante la ejecución de acciones agrarias, a efecto de otorgar certeza jurídica y también seguridad documental. No obstante, en varios de los núcleos regularizados se encuentra pendiente la expedición de los títulos de los solares de servicios públicos que otorguen certeza jurídica sobre los mismos; entre ellos, los correspondientes a centros educativos operados por “EL ESTADO” a través de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEV), en los que se brinda el servicio público educativo.
En razón de lo anterior, resulta un gran acierto la iniciativa de la gobernadora y hace más que necesario que la SEV no tarde en establecer los mecanismos necesarios, a efecto de otorgarle a las 20,414 escuelas de todos los niveles un instrumento jurídico que brinde y otorgue certeza y seguridad jurídica patrimonial a los centros escolares.
Por lo tanto, es fundamental obtener los títulos de propiedad correspondientes con la participación de los distintos actores que se involucran en ese proceso.
Es importante mencionar que el 36% de los centros educativos en Veracruz se encuentra ubicado en tierras de propiedad social. En años anteriores se ha registrado un avance en la regularización de cerca del 65 % de estos; sin embargo, casi 2,000 centros educativos aún no cuentan con un documento que otorgue certeza jurídica sobre el terreno, provocando esto que se encuentren impedidos o, en el mejor de los casos, limitados para ser considerados dentro de los programas de inversión pública; de ahí el acierto de la gobernadora Nahle y del Congreso de Veracruz.
Habría de esperarse que Raquel Bonilla, secretaria de la SEV, no tarde en comenzar a mandar un mensaje a los alcaldes que pueden y deben sumarse a un esfuerzo que, para las políticas públicas de la gobernadora Rocío Nahle en materia de educación, es sumamente relevante: la regularización de la tierra en los espacios que ocupan las escuelas.
DE SOBREMESA
Los presidentes municipales de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez, respectivamente, se encuentran en el cargo a pesar de enfrentar procesos de desafuero en el Congreso del Estado, promovidos por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
El miércoles 05 de agosto, en unas horas, sesiona el pleno del Congreso del Estado para discutir, votar y quitarles la inmunidad procesal (fuero), y después llamar a los suplentes, pues, al tratarse de delitos graves y ausencias que superen los 60 días, no entrarían las síndicas, sino los suplentes de quienes actualmente ocupan la titularidad de las alcaldías.
Cabe recordar que, en la LXIV Legislatura, la diputada Eva Cadena fue desaforada por delitos electorales y, en la LXV Legislatura, también bajo ese procedimiento salió Jorge Winckler de la FGE, por juicio político, y hasta ahora vuelve a darse un escenario similar, pero en razón de delitos graves, a decir de la Fiscalía General del Estado.
Cabe decir que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, las ausencias de los ediles —en el caso de alcaldes— mayores a 60 días se deben cubrir y suplir con quienes sean suplentes. En este caso, al tratarse de un delito grave, corresponde al Congreso llamar a los alcaldes suplentes y no así a las síndicas únicas, a quienes faculta la ley en caso de ausencias menores de ese periodo de 60 días, pues no se trata de una ausencia temporal ni de corto plazo.
Ahora bien, en una sesión posterior a la privada, una vez que fueran aprehendidos los alcaldes por el Ministerio Público y solicitada la prisión preventiva oficiosa, tendrían los suplentes que asumir las alcaldías correspondientes, a no ser que todo esté ya sin arrugas y planchado, pues, de ser así, creo que el Congreso podría hacerlo directamente.
Porque es evidente que, de resultar procedente la solicitud de medida cautelar —prisión preventiva—, la ausencia sería superior a los 60 días que dice la ley.
¡ES CUANTO!
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